El negocio de la muerte
Mucha gente se ve obligada a morir en Madrid, ciudad a la que se acude bien buscando el médico o el hospital que suponen la última esperanza, o bien porque en otros lugares de este país no se dispone de los medios sanitarios necesarios para afrontar algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas.Éste es el caso de mi sobrina Patricia, que murió el pasado 29 de agosto en la capital de España, de la cual no pudo salir su cadáver hasta pasadas 24 horas de su muerte; éste es el tiempo que legalmente se estipula desde el fallecimiento hasta el enterramiento, pero en ninguna ley se contempla que estas 24 horas haya que pasarlas obligatoriamente en un determinado sitio.
Sin embargo, el señor Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, se ha sacado de la manga un decreto, ordenanza o como se quiera llamar, según el cual todas las personas que mueran en sus dominios y sean de otra comunidad autónoma se ven obligadas a ocupar una plaza en cualquiera de los tanatorios que gestiona la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA, y que pertenece al Ayuntamiento.
Esto no sólo supone un doloroso contratiempo para la familia, que, después de sufrir este trance, se merece elegir libremente el lugar donde pasar las últimas horas con el ser querido; supone además un enorme gasto, una cantidad de dinero que, por supuesto, engrosará de alguna manera las arcas municipales.
Patricia era extremeña y llegó a Extremadura con el tiempo justo para ser enterrada tras ofrecerle una misa. Señor Alvarez del Manzano: tengo que decirle que a muchos familiares y amigos de su tierra les hubiera gustado poder velar su cadáver.-
