Seis años en el banquillo de los acusados por un delito castigado con cuatro meses
El caso del directivo de Camunsa, Diego Ramos Ramos, es un ejemplo paradigmático de ensañamiento procesal. Tras seis años de haber estado sujeto a toda suerte de diligencias sumariales, llega a juicio con una petición de pena de tan sólo cuatro meses de prisión. Una acusación que sólo mantiene contra él el empresario José María Ruiz Mateos.Aunque el abogado de esta acusación, Marcos García Montes, se reservó ayer la posibiliad de retirar la acusación contra él por entender que el supuesto delito de apropiación indebida habría prescrito, el directivo sigue sometido al estigma del banquillo.
Con una petición máxima de cuatro meses, Ramos nunca ingresaría en prisión por aplicación automática de la remisión condicional de la pena. García Montes le interrogó ayer en relación con un pago de 2.200.000 pesetas realizado por Camunsa a Time Export.
También declaró él ex presidente del Consejo de Administración de ABB, Julio Calleja, quien negó haber tenido conocimiento alguno de las, facturas de 112 millones que su empresa pagó a Filesa.
Calleja explicó que su cargo en ABB era meramente representativo y sin poderes ejecutivos. La gestión de la sociedad en España la llevaban el consejero delegado, José Montes, fallecido en 1994, y el director general. Aseguró que, él ni si quiera tenía despacho y sólo asistía a los consejos.
Sobre la acusación de delito fiscal, dijo que su empresa procedió a regularizar las facturas cuando él ya no era presidente de la entidad, por lo que desconoce cómo se hizo la regularización y si ésta tuvo carácter "global y extracontable", como mantiene el abogado del Estado.
