El PP fuerza a Mariscal a dar marcha atrás en su proyecto de rebajar la edad penal a 16 años

El PP tampoco está de acuerdo en rebajar la edad penal de 18 a 16 años para delitos de terrorismo como propone el Ministerio de Justicia. Los populares se comprometieron en la pasada legislatura a mantener el límite de la edad penal, y aunque comprenden la iniciativa unilateral de la ministra Margarita Mariscal ante la gravedad de los hechos que se viven en Euskadi, no tienene intención de respaldarla para no frustrar el concenso político antiterrorista logrado tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ante las duras críticas del PSOE, IU, PNV y CiU, el secretario general del Grupo Popular del Senado y portavoz de Justicia del PP, Alfredo Prada, apuesta ahora por la retirada de la iniciativa.

Tanto la ministra de Justicia, el pasado viernes en El Escorial, como el vicepresidente Primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, se han visto obligados a señalar que la iniciativa de rebajar de 18 a 16 años la edad penal para delitos de terrorismo no es más que una idea, un primer anteproyecto de la futura Ley del Menor, aún en elaboración. Ante' el revuelo armado, tanto Mariscal como Cascos subrayaron que se buscará la unidad entre los partidos antes de decidir nada y antes de solicitar el respaldo de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el del fiscal, general del Estado, que también han expresado, sus reservas frente al anuncio de Justicia.El portavoz del PP en asuntos de Justicia del Senado, Alfredo Prada Presa, vicepresidente de la comisión nacional del partido en esta materia y secretario general del Grupo Popular en la Cámara alta, cree que no es necesario aguardar a recibir la aprobación de los juristas ni del CGPJ. Prada admite que todos los partidos se han comprometido, tras el asesinato del edil del PP en Ermua Miguel Angel Blanco, a pactar cualquier medida a poner en marcha para acabar con la lacra del terrorismo. Y como no hay acuerdo para avalar la iniciatica de Mariscal, el PP está dispuesto a convencerla para que dé marcha atrás.

"Si esta medida no- recaba la unidad de todas las formaciones democráticas presentes en los pactos de Ajuria Enea y de Madrid, la. retiramos y no pasa nada", indicó a EL PAÍS el senador Prada.

El dirigente del PP cree que dar pábulo al debate jurídico y de los expertos es algo un tanto " absurdo y no conduce a nada" en estos momentos. Prada sostiene que si la primera premisa de los compromisos de Ajuria Enea y de Madrid era la del consenso político, "poco importa la discusión sobre su posible inconstitucionalidad o lo que diga el Consejo o el fiscal general". La también parlamentaria del PP Bernarda Barrios había puesto en duda recientemente la constitucionalidad de esta propuesta.

El vicepresidente Álvarez Cascos formalizó asimismo la semana pasada, en una entrevista a Europa Press, la posición abierta del. Gobierno en este asunto tras restar trascendencia a las evidentes discrepancias, incluso dentro de su partido. Y apostilló: "Creo que no se deben levantar señales de alarma por el hecho de que haya protestas en las iniciativas de las fuerzas políticas. Al menos no deben levantarse en tanto permanezca la voluntad de consenso por parte de todos. Aspiro a que las reformas que apruebe el Parlamento lo sean con el voto favorable de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias principales".Alfredo Prada rechaza que esa retirada de la propuesta de reducir la edad penal tenga que significar un varapalo ' para la labor del Ministerio de Justicia y para su titular, de la que valora su capacidad para sugerir nuevas iniciativas ante la situación de violencia habitual en el País Vasco y en especial en los, casos de menores cuyas edades se encuentran entre los 16 años y los 18.

El senador popular, sin embargo, recuerda la postura programática del PP: "Siempre hemos defendido que la edad penal debía mantenerse en los 18 años, como ya expresamos incluso en la comisión de Justicia del Senado en la pasada legislatura".

Prada comprende la sugerencia hecha ahora por el Ministerio de Justicia, "incardinada en el contexto" de nuevas fórmulas para luchar contra el terrorismo, pero la considera inviable tras el rechazo de los partidos: "Si PSOE, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y CiU no están de acuerdo, para qué seguir discutiendo; la retiramos y a seguir avanzando en otras alternativas".