Oposición generalizada a la propuesta del Gobierno

La propuesta de rebajar la edad penal para los delitos de terrorismo ha chocado con la oposición del PSOE, Izquierda Unida y Convergéncia i Unió, y con una aceptación condicionada por parte del Partido Nacionalista Vasco. El proyecto fue criticado incluso por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Las dudas que suscita la propuesta del Ejecutivo han quedado de manifiesto igualmente en la solicitud del Consejo General del Poder Judicial para ampliar en un mes el plazo para emitir su opinión. Justicia ha concedido esta moratoria.Ante ése aluvión de críticas, la ministra Margarita Mariscal declaró el pasado viernes en El Escorial que su departamento no tiene "empeño" alguno en sacar adelante esa iniciativa, ya que, no se trata de una medida "indiscutible". El Gobierno se ha encontrado con que carece del apoyo, para rebajar la edad penal, de los grupos que suelen garantizarle la mayoría parlamentaria en otros asuntos: los nacionalistas e Izquierda Unida. El diputado de Convergéncia i Unió Carles Campuzano afirmó que rebajar a los 16 años la edad en que un joven puede ser condenado por delitos de terrorismo "sólo serviría para ofrecer argumentos a Herri Batasuna y a su entorno", mientras que "no resolvería ninguno de los problemas del País Vasco".

El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha tachado de "disparate" la iniciativa del Ministerio de Justicia. En su opinión, el Ejecutivo intenta atajar por la vía penal lo que en realidad son consecuencias de una política económica y social". El máximo dirigente del Partido Democrático de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, estima que "las leyes vigentes permiten perseguir la violencia callejera".

El responsable de política autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE y consejero de Justicia del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui, se ha opuesto asimismo a la propuesta del Gobierno por estimar que es "inconstitucional". A su juicio, la futura Ley del Menor cuenta con mecanismos suficientes para castigar las acciones terroristas cometidas por jóvenes de edades comprendidas entre los 16 años y los 18. Entre esos mecanismos se encuentran la imputación de responsabilidad civil a los padres o, tutores de quienes causen destrozos en acciones de violencia callejera.

A Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, no le parece bien "todo lo que pueda sonar a excepcional o a tratamiento distinto del País Vasco respecto de las otras comunidades".