Una juez obliga al Banco de España a readmitir a un inspector financiero

Una juez de lo Social de Madrid ha condenado al Banco de España a readmitir a Mariano de Diego Nafria, inspector financiero de entidades de crédito a quien la autoridad monetaria había despedido por supuestas ofensas a superiores, mala fe y deslealtad.La sentencia, recurrible aún ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declara que el despido es nulo, por vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión e información, en forma de un escrito en el que revelaba ciertas irregularidades de los superiores de Mariano de Diego.

De Diego -director general de la Vivienda durante la etapa en que fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo el socialista Javier Sáenz de Cosculluela- redactó y envió una carta al subdirector general del Banco de España en la que daba cuenta de gravísimas irregularidades que, según él, se habían cometido por parte de directivos de la entidad para la que trabajaba.

Entre otros hechos, De Diego relató que había sido sancionado por supuesta participación en IGS Mercado Hipotecario, en su día vinculada al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), y que la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló la multa de un millón de pesetas y declaró que el expediente sancionador le privó del derecho de defensa.

Trato vejatorio

Uno de los motivos del despido fue la siguiente manifestación hecha por De Diego en febrero de este año en un escrito difundido entre sus compañeros: "Personas importantes del Banco de España incumplen sus obligaciones y mienten en documentos públicos, mientras yo sigo siendo objeto de discriminación y de decisiones arbitrarias y prevaricadoras"

Asesorado en la tramitación de la denuncia por el letrado Enrique Lillo, De Diego ha obtenido una sentencia que considera probado que, desde su reincorporación en el año 1994, no se le roporcionó trabajo efectivo, sino de índole inferior al que correspondía a su categoría profesional.

En cuanto a la difusión interna del escrito, en el que aseguraba haber sido objeto, "durante 20 meses, de un trato vejatorio, degradante, inhumano y humillante", la juez analiza si, como alegó la empresa, la conducta del inspector financiero quebrantó "el buen nombre e imagen de la persona jurídica", en este caso, el Banco de España, la máxima autoridad en asuntos monetarios y financieros.

La conclusión a la que llega la juez en su sentencia es que Mariano de Diego Nafria no ejerció el derecho constitucional a la libertad de expresión "Fuera de los límites que le son propios", por lo que la decisión de despedirle "ha de ser, necesariamente, calificada de vulneradora de un derecho fundamental, lo que conlleva la declaración de nulidad del despido".