El fiscal considera a Garro responsable del pago a Publitax y no "víctima" por lo que pide siete años

El fiscal Fernando Burgos elevó ayer a definitiva la calificación del pago por Banesto de dos facturas falsas, en 1991, por 44,8 millones de pesetas, como un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y consideró que el ex director general del banco Fernando Garro es el "responsable" que autorizó el pago y no la "víctima", como intentó presentarse en el juicio. Por ello, pidió siete años de cárcel. Burgos calificó de "superchería" el pago de un informe inexistente sobre la repercusión de la crisis del golfo Pérsico en el sector inmobiliario de Madrid.

El fiscal, que calificó la declaración de Carmen Aladren -una de las personas a las que se pagó con dos talones procedentes del cheque original de Banesto- como una "payasada" (ver EL PAIS de ayer), estimó que Garro es autor de un presunto delito de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil y que Lorenzo Pericats ha sido su cooperador necesario, y pidió para ambos la misma pena, siete años de prisión. Hoy presentarán sus alegatos los defensores y se es pera la sentencia para la semana próxima. Ayer declararon varios testigos de los defensores de Garro y Pericats.La defensa de Garro renunció en el último momento a tomar declaración al interventor de Banesto, Joaquín Pérez Iglesias, el hombre que estampó su firma en las facturas de Publitax Publicidad después que Garro, como director general de servicios e inmobiliario de Banesto, las firmara y diera vía libre al pago.

Testigo descartado

Pérez Iglesias explicó en 1994 al juez Miguel Moreiras que él se limitaba a confirmar que los pagos eran conformes al presupuesto y a establecer la contabilización de los mismos. Pero como subdirector no tenía capacidad para autorizar pagos superiores a 20 millones de pesetas, lo que requería la firma de un director general. En este caso, el que firmó las dos facturas fue Fernando Garro. Ayer, presente en el juzgado, Pérez Iglesias no tuvo que comparecer.Otro de los testigos citados por la defensa fue Martín Rivas, ex director comercial y ex consejero de Banesto. Rivas ya había declarado en la instrucción que desconocía las facturas y que el objeto de las mismas no le parecía necesario.

Ayer dijo que en 1993 se hicieron cambios para controlar precisamente la existencia de una sangría en los gastos de Banesto.

Fue el fiscal Burgos quien, precisamente, subrayó la "seria" declaración de Rivas, parafraseándole. "Como ha explicado don Martín Rivas, en 1993 hubo que reformar el control de los gastos. No extraña esa decisión porque, viendo el caso de Publitax, se pagaban facturas falsas", explicó.

Burgos estimó como hechos probados la confección de una factura falsa, basándonse en el testimonio de uno de los hombres, hoy fallecido, que facilitó los dos folios con membrete de Publitax. Se trata de Paulino Elorriaga, socio fundador de la sociedad, quien entregó las facturas a Lorenzo Pericats y a su socio de la época, Ciriaco Bedmare Chacón. En esas facturas se puso como concepto un "estudio" sobre la repercusión de la crisis del Golfo Pérsico sobre el sector de la construcción e inmobiliario del área metropolitana de Madrid. El informe nunca apareció. "Se trata de una superchería", dijo el fiscal.

En su alegato, Burgos explicó que Garro era una persona de un nivel importante de Banesto, tras el presidente ejecutivo, Mario Conde, y el consejero delegado, Juan Belloso. "Su función de autorizar el pago de facturas con su firma no podía ser formal, porque no había formalidad alguna que controlar. No puede decirse que debía controlar el color de la factura ni su logotipo. Por otra parte, sin su autorización el interventor no podía a su vez canalizar el pago. Garro se presenta como una víctima cuando en realidad es el responsable", dijo.

En efecto, Garro había declarado en el juicio, el pasado lunes 14, que con su llegada a la dirección general de servicios e inmobiliario hubo muchas personas perjudicadas por el mayor control. Entre ellas citó a algunos proveedores. "Algunas de ellas se sintieron afectadas, lo que podría explicar la denuncia anónima con la que se ha abierto este procedimiento", narró Garro.

El fiscal recordó que Garro había declarado, en su segunda comparecencia ante el juez Moreiras, que fue el director regional de Cataluña, José María Xercavins, quien le presentó las facturas.

El pasado lunes Garro dijo haber actuado bajo presión del juez Moreiras y señaló que él ignoraba que en Cataluña hubiera dos directores generales y que ahora no recuerda quién le presentó las facturas. El fiscal Burgos recordó que en su primera declaración, Garro intentó echar el muerto de las dos facturas a la directora comercial y de mercadotecnia de Banesto.