Buena combinación

LA COMBINACIÓN de la estabilidad de los precios con la reducción del paro es uno de los principales objetivos de la política económica de cualquier Gobierno. Hasta hace relativamente poco se consideraba que ambas pretensiones eran incompatibles: las autoridades se veían obligadas antes o después a optar por uno de los objetivos. La experiencia ha puesto de manifiesto que es posible avanzar simultáneamente en la corrección de ambos desequilibrios. También en España. Los indicadores conocidos estos días -paro regístrado en el Inem e inflación-, ambos referidos a junio, refuerzan la favorable dirección en la que está inmersa la economía española. Las cifras del mercado de trabajo, más allá de la pequeña reducción del desempleo en casi 32.000 personas (un poco menos que un año antes), son esperanzadoras porque permiten anticipar los primeros efectos optimistas de la pasada reforma laboral: el impulso cobrado por la contratación indefinida en el primer mes completo de vigencia de la reforma es evidente: los contratos fijos han subido en ese mes al 8,49% del total, frente a porcentajes no superiores al 4% durante los últimos 10 años. En junio se han realizado un total de 820.00.0 contrataciones, un 17% más que en el mismo mes del año anterior, de las que casi 70.000 son contratos indefinidos; de ellos, 37.000 son conversión de contratos temporales.

Tales datos son todavía muy modestos en relación con la magnitud del desempleo español, pero indican un significativo y esperanzador cambio de tendencia. Avalan también la posición de los que defendieron la reforma concertada por sindicatos y CEOE. El porcentaje de paro registrado queda en el 13,06% del total de activos, frente al 14,36% hace un año.

La inflación cero en junio es muy expresiva de su estabilidad, aun cuando haya experimentado un ligero repunte hasta situarse en el 1,6% interanual, que se debe interpretar en relación con la recuperación del consumo. La elevación de la inflación hasta el 2% -escenario posible de los próximos meses- sigue siendo compatible con el cumplimiento de la convergencia exigida para acceder a la fase final de la Unión Monetaria.

La bondad general del IPC no debe suplir el análisis de algunos de sus componentes: mientras los de los bienes industriales y los alimentos son expresivos de una estabilidad, los correspondientes a los servicios siguen subrayando limitaciones estructurales, que requieren reformas específicas. En los próximos meses se observará cómo la protección de la competencia de que disfrutan algunas empresas de servicios incidirá adversamente en el IPC, con lo que quedará de relieve la aparente complacencia de las autoridades económicas. La voluntad reformista del Gobierno deberá probarse en el proceso de elaboración de los próximos Presupuestos.