Perote robó los papeles del Cesid para su provecho

El coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto, no se llevó los papeles del Cesid de forma inadvertida, como sostiene, sino en ejecución "de un designio preconcebido y deliberado", cuyo objetivo no era otro. que utilizarlos "para su propio provecho individual". Así lo afirma el Tribunal Militar Central en la sentencia notificadaayer, en la que impone a Perote una pena de siete años de prisión y pérdida de empleo -es decir, expulsión del Ejército-, por un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad o defensa nacional. El coronel, que ya estuvo 21 meses en prisión preventiva, no volverá a la cárcel, al menos hasta que la sentencia sea firme y el Supremo resuelva el recurso anunciado por su abogado.

El tribunal asume íntegramente la versión de los hechos del fiscal, pero rebaja los 10 años que éste pedía a sólo siete, en atención al "distinguido historial militar" del coronel y a los notables servicios prestados al Estado" como agente del Cesid en una actividad "no exenta de riesgos personales".

Un elemento decisivo en la condena lía sido la declaración que el propio Perote hizo el 8 de febrero de 1996 al juez Baltasar Garzón, a quien dijo que cuando, poco antes de salir del Cesid, ordenó destruir los originales "evitó la destrucción" de algunos "para la oportuna constancia en su m omento". En concreto, se quedó con los documentos más comprometidos sobre el caso GAL: el aviso de 28 de septiembre de 1983 sobre el inicio de la guerra sucia y la hoja de despacho de la misma fecha con la polémica abreviatura "Pte". Estos papeles, según el tribunal, quedaron en poder de Perote, "a su personal y privada disposición y sin que se haya podido acreditar su actual paradero".

"Bastaría esta sola confesión para acreditar la malicia con que se desenvolvió el procesado", afirma la sentencia de la declaración de Perote ante Garzón, antes de subrayar "la perversidad de su comportamiento furtivo y "los turbios propósitos que le impulsaban"."No se trataba de un móvil honroso o elevado, como pudiera ser evitar un mal o impedir la impunidad de hipotéticos delitos. No; el apoderamiento de aquella documentación", agrega, "revela un inequívoco interés personal de propio provecho individual que ni se desvela por el declarante y ni siquiera se apunta". En efecto, la sentencia, que asegura que Perote se apoderó de los documentos "con fines no esclarecidos", omite cualquier alusión a su utilización por el banquero Mario Conde para chantajerar al Gobierno del PSOE o su filtración a El Mundo.

En todo caso, el tribunal considera probado que el coronel, lejos de incurrir en un desliz involuntario, "actuó con ánimo deliberado y propósito preconcebido de llevarse las microfichas" que contenían los papeles del Cesid. Para ello, en la primavera de 1990, ordenó la microfilmación de las notas de todos los despachos, que había mantenido con el director del centro, Emilio Alonso Manglano, entre noviembre de 1982 y octubre de 1989, sin informar a nadie de esta decisión sin precedentes.

La explicación que ha dado Perote a esta orden (la necesidad de ganar espacio, proteger la información y facilitar la. consulta de las notas) resulta para el tribunal "incongruente, contradictoria con la realidad y ofensiva al sano juicio". Y ello porque ni se ganó es pacio con la microfilmación, pues se conservaron durante mucho tiempo los originales en papel; ni se aumentó la protección de los documentos, ya que Perote guardó las microfichas en su despacho, donde no había archivo de seguridad; ni se facilitó su consulta, pues ni disponía de aparato lector ni nunca los volvió a consultar.

El objetivo de esta operación, concluye la sentencia, fue "verter las notas en un soporte que permitiera su fácil manejo y ocultación", así como "prefabricar una coartada sobre la base de un inocente traspapeleo" cuando se descubriera el robo, como así ocurrió.

El siguiente paso de Perote para apoderarse de los documentos fue destruir los originales, lo que ordenó en otoño de 1991, año y medio después de la microfilmación, "sabiendo o teniendo sólidas presunciones de que iba a ser cesado". Tampoco informó a ningún responsable de esta decisión y a la funcionaria encargada de ejecutarla, que le manifestó su perplejidad, se limitó a decirle que los papeles eran suyos y que su sucesor no tenía por qué conocerlos.

Cuando fue expulsado del centro, en noviembre de 1991, no comunicó a su sustituto, el también coronel Manuel López Fernández, la existencia de las microfichas, que se llevó consigo, pesar de que firmó un escrito asegurando no tener en su poder ninguna documentación del Cesid. Sólo las devolvió, más de dos meses después, una vez advertida su falta y tras ser requerido para ello. El tribunal no explica el motivo de la expulsión de Perote y sólo constata el progresivo "deterioro" de su relación con Manglano.

La sentencia da un salto en el tiempo desde enero de 1992 hasta febrero de 1996, cuando el juez Garzón incautó en la celda militar en la que Perote cumplía prisión preventiva las transcripciones de al menos 12 de los documentos que contenían las microfichas.

Este hecho demuestra que el coronel hizo y conservó copias de las microfichas mientras las tuvo en su poder, pues la única explicación alternativa es que se las hubiera enviado a la cárcel el Cesid y ello", argumenta el tribunal, resulta del todo inverosímil".