Hacia una Europa social y reunificada

La presidencia luxemburguesa del Consejo de la Unión Europea que comenzó el 1 de julio de 1997 estará marcada por dos cumbres europeas que tratarán cuestiones esenciales a las que la Unión debe enfrentarse a corto plazo: la lucha contra el paro y la ampliación.Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos los días 16 y 17 de junio en Amsterdam, encargaron a la presidencia luxemburguesa organizar una cumbre europea extraordinaria sobre el empleo. De este modo, quisieron señalar que son sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos europeos. Nunca antes se había dedicado una reunión de este nivel directa y exclusivamente al paro, que, sin embargo, es calificado por todos como la mayor plaga de la economía europea.

Ese cambio de talante frente a esta cuestión social debe mucho a la decisión británica de firmar el acuerdo social y de aceptar su inclusión en el Tratado de la Unión Europea. Debe mucho, igualmente, a la energía con la que Francia pudo convencer a sus socios de que, más allá de la preocupación por la estabilidad, era necesario dar un nuevo impulso a la lucha contra el paro que amenaza la cohesión social en nuestros países.

Pero, ¿qué puede hacer la Unión en relación con la cuestión del empleo? En primer lugar, la Unión debe garantizar un marco macroeconómico estable. La finalización del mercado interior y la introducción de la moneda única son condiciones previas para el éxito de una política de crecimiento y de empleo.

Como escribió Nicole Notat, "renunciar a la moneda única supondría condenarse a una guerra económica que tendría como armas devaluaciones y medidas proteccionistas destructoras del empleo". Por tanto, luchar por el empleo en Europa también es luchar por el euro. A continuación habrá que modernizar los mercados laborales, estimular en el seno de la Unión el intercambio de información sobre las prácticas adecuadas en materia de empleo, apoyar la creación y el acceso a los empleos de proximidad, incitar a los diferentes organismos, como el Banco Europeo de Inversión, a que inviertan en el sector de la pequeña y mediana empresa, que encierra el mayor potencial para la creación de empleo en Europa.

Sin duda, todas estas medidas resultarán insuficientes. Para invertir la tendencia hará falta algo más. Hará falta un verdadero cambio de mentalidad en los inversores europeos. La actual tendencia a las inversiones a corto plazo y a un máximo rendimiento del capital invertido en un mínimo de tiempo no favorece la creación de empleo. La inversión en Europa ya no busca tanto la mejora de la productividad de las empresas. Se deja tentar por el traslado hacia los países con salarios bajos, e incluso por reestructuraciones globales, que dan muy poca importancia a la productividad alcanzada en las unidades de producción de un gran grupo. Vilvoorde se ha convertido en el símbolo traumático de esta lógica suicida.

No obstante, las cosas empiezan a cambiar. Los inversores que se plantean preguntas en relación con esta estrategia de la inversión que a medio plazo corre el riesgo de destruir al mismo tiempo la base de los recursos humanos, de la cohesión social y del aparato económico en Europa, son cada vez más numerosos. Por tanto, existe un terreno para la reflexión, incluso para un diálogo más amplio sobre la inversión en Europa y su relación con el modelo social europeo. Sería útil que este diálogo pudiera entablarse entre los Gobiernos y los interlocutores sociales antes de la celebración de la cumbre europea sobre el empleo. Sus reflexiones y sugerencias podrían convertirse en la sal de la cumbre.

La patronal, excesivamente inclinada a quejarse de las flaquezas de Europa, debería más bien apostar por sus fuerzas. ¿No es cierto que el Viejo Continente, al contrario que los dragones asiáticos, cuenta con una cadena de valores sin lagunas, con una disponibilidad inmediata y con un alto nivel' tecnológico, así como con recursos humanos altamente cualificados? ¿No es cierto que cuenta junto a su misma puerta con mercados potenciales que un amplio movimiento de solidaridad continental puede desarrollar? ¿No es también cierto que cuenta con una larga tradición de diálogo social y de democracia que garantizan derechos y dignidad a los interlocutores sociales sobre la base de una responsabilidad recíproca? ¿No es cierto que cuenta con una estabilidad política que no existe en ninguna otra parte del mundo? Hay que preservar y desarrollar estos logros. Esto es posible si la Unión Europea y sus Estados miembros aumentan los recursos financieros destinados a la formación y a la investigación. Por tanto, ésta es la señal de confianza en el modelo de sociedad europeo que debería ser lanzada en la cumbre de Luxemburgo.

También es necesario un cambio de talante en relación con la ampliación de la Unión a los 11 países candidatos.

El caso es que, actualmente, respecto a esta cuestión sólo hay escépticos y entusiastas. Esto no es nada útil a la hora de poner en práctica la decisión histórica tomada en 1992 en Copenhague. Pero existen los medios para desapasionar el debate. El próximo 16 de julio, la Comisión presentará informes detallados sobre cada uno de los países candidatos. Asimismo, presentará un documento titulado Agenda 2000, compuesto de tres partes. Evaluará las repercusiones de la ampliación para las políticas comunitarias, en particular para la política agrícola común y las políticas estructurales. Examinará los aspectos horizontales de la ampliación que no están cubiertos por las solicitudes de adhesión, especialmente los regímenes transitorios, y estudiará el futuro marco financiero de la Unión Europea a partir de 1999.

Incumbe a la presidencia luxemburguesa del Consejo organizar los trabajos de forma que estos documentos sean analizados en profundidad hasta finales de otoño. Se trata de extraer una opinión objetiva sobre la capacidad de estos países candidatos para trasplantar los logros comunitarios. A continuación, la cumbre europea de diciembre de 1997 en Luxemburgo tomará, al término de este proceso de reflexión y discusión, las decisiones sobre el comienzo del proceso de ampliación y las modalidades de la primera fase de las negociaciones.

Para los Quince, se tratará de dominar un desafío histórico. Por tanto, deberán realizar una evaluación realista y lúcida de la situación de cada uno de los paí-

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ses candidatos. Porque la ampliación tendrá, indudablemente, un impacto sobre la amplitud de los gastos, la redistribución (le los recursos y el funcionamiento institucional de la Unión Europea. Las economías de estos Estados deben reestructurarse (le arriba abajo. Asimismo, habrá que amortiguar el choque social que irá parejo con su progresiva introducción en el mercado interior. En efecto, será necesario evitar que las poblaciones den la espalda a Europa. Durante todo el proceso negociador habrá que convencer a la opinión pública de una y otra parte de la necesidad y del impacto positivo de la ampliación. Por ejemplo, los Gobiemos de los Estados miembros deberán velar por que la adhesión se realice sin precipitación política y dentro del respeto estricto de los criterios de adhesión: estabilidad de las institucíones que garantizan la democracia, la primacía de la ley, de los derechos humanos y de la protección de las minorías, la existencia y el buen funcionamiento de una economía de mercado, la integración en el mercado interior y la transferencia de la normativa comunitaria a la legislación nacional. El respeto de estos criterios garantizará el éxito de la quinta ampliación de la UE.

Por tanto, los Estados miembros deberán abstenerse de sembrar el temor o de sobrepujar. La presidencia luxemburguesa tiene por misión velar por que el comienzo de la ampliación se prepare de un modo ordenado y objetivo. Está convencida de que, para la Unión, es la mejor forma de extender su solidaridad, su estabilidad y su prosperidad a esa parte de Europa que desde 1989 ha recuperado las libertades.