El Gobierno traslada a la fiscal Márquez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La fiscal María Dolores Márquez de Prado ha sido trasladada desde la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cumplimiento de una sanción de traslado forzoso impuesta por Justicia hace casi dos meses -el 9 de mayo-, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, quien fue destituido en el mismo Consejo de Ministros que respaldó la medida. La sanción se impuso por "acritud y excesos formales" de la fiscal en sus relaciones con jueces y magistrados.Márquez de Prado estará en su nuevo destino a las órdenes de Mariano Fernández Bermejo, fiscal jefe del máximo tribunal de la comunidad autónoma madrileña. Se da la circunstancia de que Fernández Bermejo fue candidato a la jefatura de la Audiencia Nacional, cargo que finalmente obtuvo Eduardo Fungairiño a pesar de no haber contado con ningún voto del Consejo Fiscal en el informe previo y vinculante para el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

El acuerdo de ejecutar la sanción fue adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, por decreto, a propuesta de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, según informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional comunicó la semana pasada al Ministerio de Justicia que ya podía ejecutar el traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado, tras haber denegado el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el abogado de la fiscal, Antonio García-Trevijano.

Último intento frustrado

La representación de la fiscal realizó un último intento para evitar la ejecución del traslado forzoso de la funcionaria. Después de haber pedido la nulidad de las actuaciones por no figurar entre los integrantes de la sala magistrado Manuel Trenzado -previamente recusado por la fiscal-, García-Trevijano solicitó la anulación de la sanción por prescripcion de la falta que le dio origen. Una, tras otra, las solicitudes de prescripción o de nulidad de actuaciones han sido rechazadas por la sala, por lo que ha queda do expedito el camino para la ejecución del traslado forzoso.En todo caso, el recurso contencioso-administrativo contra el traslado, forzoso sigue tramitándose en la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. Si en su momento fuera resuelto en favor de la fiscal, debería cumplirse la decisión jurisdiccional que corrigiera la sanción administrativa impuesta a la funcionaria.

Márquez de Prado sugirió que la decisión de sancionarle no provenía de la ministra de Justicia, sino que le había sido impuesta a ésta por el presidente del Gobierno, José María Aznar.