El fiscal centra el juicio a Cañellas por el "caso Sóller" en destapar las finanzas irregulares del PP

"¿No vio [el Gobierno balear, del PP] que perjudicó el servicio público y a los intereses de los ciudadanos?". Con esta pregunta, con afirmación incorporada, el fiscal Juan Carrau sustanció ayer uno de los momentos más duros del interrogatorio a Gabriel Cañellas, ex presidente del PP y del Ejecutivo balear, en el primer día del juicio del caso Sóller, por supuesto cobro de comisiones a cambio de una adjudicación irregular a un empresario amigo. Durante la larga declaración de Cañellas -que duró más de tres horas, y que hoy continuará-, el ex presidente descargó en el ex secretario general del PP balear José Antonio Berastáin muchas de las acusaciones sobre financiación ilegal del partido.

Carrau centró sus sospechas en las "finanzas negras" del PP, en el funcionamiento personalista del partido conservador sometido a los dictados de Cañellas, que, en su opinión, no seguía las normas internas ni facilitaba el control financiero institucional del Tribunal de Cuentas. El fiscal dudó de que el Ejecutivo defendiese los intereses generales y respetara la legalidad cuando otorgó la explotación del túnel de peaje a un amigo y socio del destituido presidente regional.Cañellas está acusado de prevaricación y cohecho -junto a dos de sus ex consejeros, Jerónimo Sáiz y José Antonio Berastain- por entregar, en 1988, la explotación del túnel de peaje al empresario Antonio Cuart, que devino insolvente, quebró y paralizó durante seis años la entrada en funcionamiento de la obra.

El Gobierno balear, según la acusación, no respetó la legalidad que marcan las leyes europeas para la concesión privada de servicios públicos y desconoció las exigencias de solvencia financiera y de impacto ambiental exigibles al proyecto de Cuart. Su oferta se declaró ganadora contra los criterios de la comisión evaluadora, y el Ejecutivo del PP tampoco sancionó al empresario por los retrasos e incumplimientos.

Ilegalidad, falsedad ideológica y narración falsa y mendaz" fueron las calificaciones del fiscal acerca de la actuación del Gobierno de Cañellas. Tanto el político acusado como el concesionario favorecido rebatieron los alegatos del ministerio público. Cañellas se remitió a los actos colegiados del Ejecutivo, a los asesores jurídicos y al control de la consejería correspondientes.

El fiscal atacó con los datos, del informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas del partido conservador en 1989. Carrau cree que el ex líder y el PP recibieron de Cuart, como mínimo, 50 millones de pesetas y apuntó datos sobre el desvío posible de otros 100 millones.

"Yo no me he cuidado nunca de la administración (del PP) será una irresponsabilidad mía, pero jamás he efectuado ningún ingreso ni pago", manifestó Cañellas en un argumento reiterado con el que traspasaba al ex gerente y ex secretario general las responsabilidades.

Cañellas fue acusado de cooperar en la ocultación sobre la contabilidad y finanzas del PP, de no evitar la destrucción de los libros y asientos contables del partido y de no controlar los donativos ni identificarlos como exige la Ley de Financiación de los Partidos y de no reunir a los órganos democráticos.

Berastain afronta ahora la necesidad de responder sobre el manejo de talones, ingresos, pagos a proveedores y posibles dádivas a políticos tránsfugas que cooperaron con el PP. Todas las partidas cuestionadas derivaban de las supuestas comisiones que pagó Cuart. Éste justificó el desvío detectado en el pago a un socio, que ya ha muerto.