Un abogado reclama al Estado 55,4 millones al ser absuelto tras ocho años de procesamiento

Un abogado procesado durante ocho años y luego absuelto reclama al Estado 55,4 millones. Los familiares de sendos difuntos piden seis millones por haber ordenado los jueces enterrarles sin avisar de la aparición de los cadáveres. Son algunas de las reclamaciones al Ministerio de Justicia por anormal funcionamiento judicial, por más de 132 millones, de pesetas, informadas favorablemente, en sus primeros meses de mandato, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 1996. Más de la mitad del medio centenar de informes confirma el anormal funcionamiento judicial, en su mayor parte por retrasos o pérdidas de objetos o fianzas en los juzgados. Pero sólo en un caso cree el CGPJ repercutible la indemnización sobre el juez.

Frente al deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, la Constitución de 1978 estableció una solución escoba, para cuando a los ciudadanos perjudicados les fracasan otros recursos y resortes jurídicos. El artículo 121 establece que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley".En 1985 se desarrolló por ley ese precepto y comenzaron a producirse las reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según los últimos datos disponibles -el actual Ministerio de Justicia no ha podido facilitar durante esta semana los datos relativos a 1996, recabados por este periódico-, desde principios de 1991 a finales de 1995 costaron al Estado 174 millones de pesetas, distribuídos entre 148 reclamaciones estimadas, de un total de 1.038 en los cinco años.

Estafa inexistente

De la nueva hormada de reclamaciones estudiadas por el nuevo CGPJ -que, como el anterior, informa a favor más de la mitad- destaca, por su importe, la del abogado que pide al Estado 55.444.430 pesetas. Se trata de José María Torne Farré, de 64 años, que ha ejercido la abogacía durante 37 años en Cataluña. En 1986 fue procesado en Valencia por presuntos delitos de estafa e introducción y puesta en circulación de títulos al portador falsos. En 1994, tras una serie de peripecias procesales, Torne fue absuelto de tales delitos. En consecuencia, reclama 444.430 pesetas por gastos, 30 millones por daños morales -habida cuenta su profesión, las penas pedidas y los ocho años y cuatro meses que estuvo procesado- y 25 millones "por baja en el rendimiento económico de su bufete".El CGPJ informa que se ha producido funcionamiento anormal de la Justicia, entre otras razones porque el letrado "estuvo sometido a procesamiento durante más de ocho años, sin que sea atribuible a su actuación la dilación del mismo, no siendo, por otra parte, la materia debatida de una complejidad que pudiera justificar tan dilatada tramitación".

Otras dos reclamaciones guardan relación con la falta de información sobre la muerte de dos personas. En un caso, Cristóbal Criado se queja de que no fue informado de la muerte de un hijo suyo, cuyo cadáver fue encontrado "con documentación acreditativa de su completa filiación y domicilio" en Cornellá (Barcelona).

Criado, pide un millón de pesetas por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, porque el juzgado archivó la investigación y acordó el entierro del cadáver sin haber realizado "actuación alguna" para localizar a la familia, que durante cinco meses estuvo buscando infructuosamente a su desaparecido, incluso a través de un programa de televisión. El CGPJ informa favorablemente la petición, ya que el juzgado contaba con "datos más que suficientes para, al menos, tratar de localizar a los familiares del finado".

Cadáver identificado

Otro caso similar es el planteado por Santas Torrijos y María Elia Suárez, madre y esposa de otro difunto. Ambas narran que el 27 de agosto de 1994 fue hallado en Las Palmas de Gran Canaria el cadáver de su familiar, identificado con DNI, NIF y otros efectos personales, a pesar de lo cual los familiares no fueron informados. Dos meses después un amigo comunicó que había fallecido. Preguntaron, en el Juzgado de Instrucción número 5 y se les contestó que "casos de esos había muchos". Ambas mujeres alegan los sufrimientos padecidos y solicitan cinco millones de pesetas por los daños morales causados.El CGPJ estima que se produjo anormal funcionamiento judicial. Razona que cuando el 3 de noviembre de 1994 se entregaron los efectos personales del fallecido a las reclamantes, entre ellos existía una cartera con el DNI y el NIF y otra documentación personal que habría permitido informarles. No hacerlo les privó de la toma de decisiones "pertenecientes a un ámbito tan íntimo como el de los sentimientos y emociones (...) ligados al enterramiento de un familiar".