¿Hacia un nuevo moldelo de comportamiento?
Si algún analista económico se hubiera aventurado a avanzar, hace algo más de un año, los datos macroeconómicos que hoy está mostrando la economía española, sin duda se le habría tachado de "optimista exuberante". Resultaba en dicho momento impensable que la economía española, sólo 12 meses después, mostrara una inflación inferior a la de Alemania, un crecimiento del 3%, bastante más elevado que el obtenido en las renqueantes economías de los países de Europa central, y un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y todo aderezado con una creación de empleo elevada.La cuestión que inmediatamente se viene a la cabeza es qué ha ocurrido en este corto espacio de tiempo. Para contestar a esta pregunta debemos referimos, en primer lugar, a la situación de la economía hace cinco trimestres como punto de partida sobre el que se aplican las recetas de política económica del nuevo Gobierno. En este sentido, se podría decir que la economía española de finales de 1995 y principios de 1996 presentaba un panorama con luces y sombras.
Se estaba experimentando en el tercer trimestre del año 1995 un bache de crecimiento en línea con el resto de los países de Europa, y la inflación, tras una caída de casi un punto en los últimos tres trimestres del año 1995, parecía estancada entre el 3,5% y el 4%, con un diferencial con Alemania próximo a dos puntos y medio.
El déficit público se situaba en niveles elevados, por encima del 6,5% del producto interior bruto (PIB) aunque, sin duda, la capacidad de convencer a los mercados de que los Presupuestos se podían cumplir había mejorado notablemente con respecto a tiempos no muy lejanos. No obstante, el principal punto fuerte de la economía se encontraba en la muy saneada situación de las, empresas tras el fortísimo ajuste de plantillas realizado en los ejercicios precedentes, que se veía favorecida por la moderación salarial de 1994 y 1995, y a la que se sumaba una recuperación importante de la competitividad tras las devaluaciones de la peseta de- los años inmediatamente posteriores.
Por contra, como aspecto muy negativo, la economía española estaba soportando, tanto en los Presupuestos como en las decisiones de inversión privada, una, prima de riesgo en sus tipos de interés que, sin duda, en una parte importante no respondía a aspectos estrictamente económicos.
En esta situación, las nuevas autoridades económicas contaban con dos bazas importantes, la saneada posición de partida de las empresas y un diferencial de tipos a largo con posibilidades de reducción intensa, que bien jugadas podían dar lugar a una mejoría sustancial del ambiente económico y permitir lo que entonces casi nadie consideraba factible en tan corto espacio de tiempo: que España cumpliera los criterios de convergencia incorporándose al euro desde el inicio.
Para ello, la estrategia de política económica se centró en tres líneas de actuación en cierta medida interdependientes. En primer lugar, el Gobierno mostró un compromiso intenso respecto a la incorporación de España al grupo de países de cabeza en la adopción de la moneda única.
Esta clara voluntad política, y la explicitación de que se tomarían las medidas necesarias, permitió importar credibilidad y favoreció las expectativas de los mercados, dando lugar a que gran parte de la prima de riesgo que soportaban nuestros tipos de interés a largo se evaporara.
En segundo lugar, y como elemento central de la estrategia, nos encontramos con la puesta en marcha de un ajuste fiscal que permitiera reducir el déficit público, en términos de PIB, en cerca de cuatro puntos en sólo dos años. La intensidad de la consolidación fiscal ha sido puesta en cuestión por algunos basándose en una teórica falta de perdurabilidad de parte de las medidas adoptadas.
Sin embargo, una valoración a mi juicio más exacta debería tener en consideración que dicho ajuste se ha realizado sin incrementar la presión fiscal y sin una aportación sustancial ni del ciclo económico ni de la rebaja de tipos de interés, que dejarán sentir sus efectos con mucha mayor
intensidad en Presupuestos futuros. Este hecho se puede constatar si se tiene en cuenta que durante los años 1996 y 1997 la mejora del saldo presupuestario estructural primario, es decir, depurando del Presupuesto los efectos del ciclo y de la caída de tipos, y que constituye la verdadera medida del esfuerzo fiscal realizado, es de más de tres puntos del PIB para las Administraciones públicas.
El esfuerzo de consolidación fiscal realizado ha tenido claros efectos benéficos sobre la actividad económica vía la reducción intensa de los tipos de interés, que han caído cerca de tres puntos desde abril del año pasado, con los consecuentes efectos positivos sobre la demanda privada de consumo y de inversión, lo que ha permitido más que compensar los efectos de la contracción del. gasto del sector público.
A su vez, la consolidación presupuestaria muestra efectos adelantados expansivos, al generar la expectativa en el sector privado de una reducción de la presión fiscal en un futuro próximo. En conclusión, y contrariamente a lo propugnado por el planteamiento keynesiano tradicional, una reducción del déficit público no ha producido efectos recesivos sobre la actividad, sino que ha permitido incluso en el corto plazo una recuperación asentada sobre bases más sólidas y saneadas.
El tercer eje de actuación del nuevo Gobierno ha sido avanzar en el proceso de desregulación y flexibilización de los mercados de productos y factores. En este caso, al igual que ocurre con el déficit público, se han oído voces que señalan que la liberalización ha sido tímida o, por el contrario, contraproducente. A estos últimos, habría que recordar que en escasamente dos años, España no podrá apelar a la modificación del tipo de cambio nominal de la peseta como instrumento corrector de nuestras carencias de competitividad, y que la única forma de subsistir y crecer provendrá de contar con mercados flexibles y con capacidad de adaptarse a la evolución del ciclo.
Las medidas adoptadas en sectores tan fundamentales, entre otros, como el eléctrico, las telecomunicaciones, los colegios profesionales o la eliminación de gran parte de los precios regulados, no sólo tendrán efectos positivos sobre la inflación, sino que deben permitir un incremento importante de la inversión y de la creación de empleo. Un ejemplo claro lo tenemos con las ofertas para la adquisición del segundo operador de telefonía básica, en las que se incluyen ambiciosos planes de inversión que de otro modo no hubieran tenido lugar.
En este ámbito de reformas, cuenta con un lugar destacado el reciente acuerdo sobre el mercado de trabajo alcanzado por sindicatos y patronales y al que el Gobierno y el Parlamentó acaban de otorgar su visto bueno. La principal carencia de la economía española ha sido su incapacidad para generar un nivel suficiente de empleo y que además no fuera precario. La causa fundamental de esta situación, que se ceba con especial intensidad en los estratos más débiles de nuestra población como son los jóvenes, las mujeres o los trabajadores menos cualificados, tiene su origen en una regulación inapropiada de nuestro mercado de trabajo. Por ello, el contenido de esta reforma supondrá un impulso destacable de cara a eliminar las barreras que dificultaban la generación de un mayor volumen de empleo y de carácter estable.
Por último, no sería sensato acabar sin hacer mención de los riesgos que se ciernen sobre el actual momento "dulce" de la economía española. El primero, proviene de la existencia de un comportamiento incompatible con la estabilidad, que estamos empezando a disfrutar, en la negociación salarial. Las partes deben entender que en este momento, por muy novedoso que parezca, aumentos salariales en el entorno del 2,5% suponen incrementos de capacidad adquisitiva de los trabajadores y además posibilitan continuar con el proceso de generación intensa de empleo, con lo que en última instancia la participación de los trabajadores en la renta nacional se verá acrecentada. Cualquier desbordamiento del nivel salarial no será además validado ni por el Banco de España ni por el futuro Banco Central Europeo, con lo que comportamientos de este tipo se traducirán necesariamente en un menor crecimiento y empleo.
El segundo riesgo puede aparecer si se cesa en la profundización de las actuaciones antes señaladas y cuyos frutos ya son hoy tangibles. Este riesgo se difumina bastante a la luz de nuestras futuras obligaciones en el proceso de integración monetaria en curso. No obstante, el principal contrapeso al mismo, debería provenir, en mi opinión, de la constatación del hecho de que la economía española, en las escasas ocasiones que ha disfrutado de un marco de estabilidad fiscal y monetaria, y se ha avanzado en la liberalización de sus mercados, ha generado importantes dosis de prosperidad y bienestar económico para el conjunto de la población.
