El fiscal reduce a la mitad la petición de penas para los guardias de la Ucifa

La Fiscalía Antidroga redujo ayer a la mitad (de 172 años de cárcel a. 88) la solicitud de penas para los guardias civiles de la Unidad Antidroga (Ucifa) acusados de pagar con droga a confidentes y, además, retiró las acusaciones para tres de ellos, que dejaron el banquillo de los acusados. Los más beneficiados por las rebajas han sido los arrepentidos, que, al ser sorprendidos vendiendo droga robada, denunciaron a los jefes que les descubrieron.La Fiscalía Antidroga ha premiado con fuertes reducciones de penas a los dos guardias civiles que en el juicio mantuvieron las acusaciones contra los mandos que les sorprendieron vendiendo droga robada. Las reducciones van de los 15 a los dos años de cárcel en el caso del guardia Vicente Domínguez Serrano y de nueve a dos en el de Doroteo Gómez Porras. El tercer arrepentido, el confidente Ramón de Temple Llopis, se ha beneficiado de una reducción de nueve dos años.

Según las conclusiones elevadas a definitivas por el fiscal, el confidente De Temple se quedó con seis millones de pesetas y los agentes con dos millones cada uno procedentes de la venta de droga. El guardia Domínguez, por temor a represalias cuando fue descubierto por ellos, denunció a sus propios jefes por permitir el pago con droga a confidentes. Posteriormente, Gómez y De Temple se declararon también arrepentidos cuando se hizo cargo del caso el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Antidroga justifica las rebajas de pena para los arrepentidos afirmando que actuaron "movidos por el ánimo de cooperar con la Administración de Justicia" para "la plena averiguación y descubrimiento hechos delictivos".

Las principales peticiones de pena, de entre ocho y diez años de cárcel, se centran en los confidentes de la Ucifa y en los dos principales mandos de la misma. Para el comandante José Ramón Pindado, uno de los principales responsables de la Ucifa y objetivo especial de las acusaciones de los arrepentidos, el fiscal ha reducido su petición de 15 a nueve años de prisión mientras que para el jefe de la unidad, Francisco Quintero, la ha reducido de nueve a ocho.

Tres agentes

Los tres agentes a los que se retiraron los cargos son el capitán Sebastián Márquez de Valle, para el que se pedían seis años; el cabo Manuel Jiménez Cervera, para el que se solicitaban ocho, y el capitán Jesús Narciso Núñez Calvo, para el que se demandaban otros ocho.El fiscal también ha rebajado las penas para todos los guardias civiles acusados. Para el cabo Félix Molina, para el que se pedían seis años de cárcel, la solicitud se reduce a uno. Al guardia Antonio López Segura se le retira la pena de seis años de prisión y se le deja en uno de supensión. Al sargento Gonzalo Méndez se le reduce la solicitud de 15 a nueve años de cárcel. Para los informadores de la Ucifa, a excepción de Ramón de Temple, no ha habido rebaja de penas.