Los congresitas instan a la nueva dirección a reabrir la negociación autonómica con el PP

El paso de los socialistas a la oposición ha facilitado los acuerdos programáticos entre ellos. Es el caso de la tradicional disputa sobre la cuestión territorial,que tanto le ha dividido. Ayer, las tradicionales agrupaciones antagonistas, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y la representación extremeña, alcanzaron un acuerdo, con la mediación, de las dos Castillas, para comprometer a la nueva ejecutiva a desbloquear el diálogo sobre la financiación autonómica con el Gobierno del PP, interrumpido desde comienzos de año.

La nueva enmienda transaccional compromete también a los socialistas a establecer unos límites a las reclamaciones de los nacionalistas como consecuencia de su apoyo parlamentario al Gobierno central. Ambas medidas constituyen la principal novedad del debate sobre la ponencia marco, eclipsado por el tema estrella de Ja jornada: la sucesión de Felipe González. El modelo de partido, la otra cuestión importante, quedaba aparcada precisamente hasta conocer las características de la nueva comisión ejecutiva.Mercedes Aroz, del PSC; Fernando Buesa, del Partido Socialista de Euskadi, y Manuel Amigo, de los socialistas extremeños, llegaron a calificar de histórico el acuerdo de mínimos sobre la principal discrepancia política en el seno del PSOE desde el inicio de los años noventa, cuando los socialistas catalanes promovieron la cesión del 15% de IRPF a las autonomías con la radical oposición del socialismo extremeño.

La delegación de Extremadura cede en admitir que los partidos de ámbito estatal deben tomar la iniciativa en el desarrollo autonómico y acabar con el "atrincheramiento" del pasado en esta materia. También cede en compromoterse a proponer "consensos políticos institucionales" especialmente, con el Gobierno del PP. Pero consigue implicar al congreso del PSOE para que el desarrollo del Estado de las autonomías no esté ligado "a las reclamaciones de los partidos nacionalistas" ni sea el resultado de "acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas".

Manuel Amigo, representante de la delegación extremeña, explicó que el pacto interno sobre financiación autonómica les compromete a "una autonomía financiera final similar en todas las comunidades autónomas" y a que los "hechos diferenciales" reconocidos explícitamente no generen diferencias en el consumo de los servicios públicos.

Las reformas que los socialistas se proponen impulsar se refieren, además de a la renegociación y perfeccionamiento del . sistema autonómico, al de la Administración periférica, a los mecanismos de reequilibrio y a la reforma del Senado. También ponen sobre la mesa dos nuevas cuestiones a impulsar: el papel de las regiones en la construcción europea y la normalización de las diferentes culturas españolas en el funcionamiento del Estado y en la vida colectiva. Esta cuestión supone una rectificación de los socialistas sobre su inmediato pasado. Hace tan sólo unos meses votaron en el Congreso de los Diputados en contra de que el Boletín Oficial del Estado se publicara en las lenguas de las nacionalidades en los temas que les afectan.

. La Europa social es otro debate que está en el candelero. No tanto por las novedades surgidas en el debate como por su actualidad ante el giro de la política comunitaria europea, con el triunfo del laborismo de Tony Blair en Reino Unido y el socialismo de Lionel Jospin en Francia.

Los delegados recordaban ayer que su ponencia marco ya recogía las claves de la Europa social plasmadas en el impulso de las políticas activas de empleo. Manuel de la Rocha, de Izquierda Socialista, se encargó de recordar la víspera que el socialismo español está más cerca de Jospin que de Blair.

También adquirió ayer especial relieve el debate sobre la justicia, sobre todo al hilo de la última intervención de Felipe González ante los delegados en la que comprometió su futuro trabajo a dedicarse a desmontar "la trama " que desde hace tiempo ha operado contra él y su Gobierno.

En el debate ha pasado sin ningún problema toda propuesta relacionada con la separación de los espacios de la política y la justicia. O contra la utilización de los tribunales de justicia como "arma sistemática del debate político".