El arma legal de un crimen

La historia del guardia civil en la reserva Miguel Ángel Martínez Usea, de 32 años, muestra la debilidad del control al que están sometidas las armas para uso personal. El agente abandonó el servicio activo el 19 de julio de 1996 por motivos físicos. Una vez en la reserva, Martínez Usea devolvió su arma reglamentaria. Pero solicitó un permiso para tener un revólver para defensa personal.Este tipo de licencias, de las que hay 12.000 en toda España y 3.500 en Madrid, componen el apartado más delicado del control armamentístico, una tarea que en la capital corresponde a la 111 Comandancia de la Guardia Civil. Ejemplo de la dificultad para conseguir un arma de este tipo lo da el hecho

de que en Madrid la mitad de estas licencias pertenecen a autoridades, magistrados o empresarios, como el presidente de la CEOE, que pueden ser objeto de atentados o secuestros. El resto corresponde a militares o policías, muchos de ellos en segunda actividad.

Para conseguir uno de estos permisos se ha de justificar una situación de "estricta necesidad" y no basta con aludir a la protección de bienes. Asimismo, se requiere un documento que demuestre la inexistencia de antecedentes penales y un certificado psicofísico, similar al del carné de conducir.

La duración de estas licencias de armas de defensa personal es de tres años y no se renueva automáticamente, sino que al caducar se ha de reiniciar el proceso. El supuesto homicida superó todos estos requisitos y el 20 de diciembre de 1996, con autorización del jefe de la 111 Comandancia de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno de Madrid, recibió permiso para llevar su negro revólver Astra, del calibre 38.

En mayo pasado, sin embargo, Martínez Usea fue detenido por los agentes de la comisaría de Usera por una supuesta agresión sexual y por resistencia a la autoridad. La policía, al advertir que el acusado tenía una licencia de armas para defensa personal, comunicó el caso a la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Madrid, ya que la comisión de un delito es motivo para la retirada inmediata del citado permiso.

La Guardia Civil recibió notificación del supuesto delito y abrió el pasado 29 de mayo, es decir, un mes después de ocurridos los hechos, un expediente de revocación de licencia.

En la madrugada de ayer aún no había concluido la tramitación de este expediente y Miguel Ángel Martínez Usea, con su arma para defensa personal, apretó el gatillo a placer y por la espalda contra un marroquí desarmado. Sólo entonces le fue retirado el revólver.

El Defensor del Pueblo ha planteado una queja de oficio ante este caso. "Es un hecho que existe la posibilidad de tener un arma sin que las garantías sobre las condiciones psicofísicas de su poseedor lleguen a ser suficientes, y este hecho resulta especialmente significativo entre todos los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad", afirma el Defensor del Pueblo en su escrito.