Venta fatal
En 1993 vendí mi coche como parte del pago para adquirir otro. En 1995 me llegó una denuncia del Ayuntamiento de Madrid por una infracción de tráfico reciente, imputable probablemente al nuevo propietario del viejo automóvil, y se me hacía ver que si yo no era el causante de la infracción debía decir quién lo era, y que si, yo no era ya el propietario del vehículo debía acreditar quién era el actual previa certificación de la Dirección General de Tráfico (DGT).Pues bien: después de arreglos en el trabajo para disponer de la mañana, fui a la DGT de la calle de Arturo Soria e hice la pertinente cola. Charlando con los allí reunidos me enteré de que todos estábamos para lo mismo y que el chico que iba delante de mí me consideraba un suertudo, puesto que ésa era mi primera cola y él ya llevaba tres (se ve que el comprador de su coche era más díscolo). Aquello me pareció tan aberrante que elaboré una queja al. Ayuntamiento y hasta ahora no he recibido una réplica.
También elaboré, con la misma documentación, una queja al Defensor del Pueblo, y esto ha generado una investigación que ha concluido ahora. A mí me parecía inaudito que fuese yo el que tuviese que establecer mi inocencia y que el Ayuntamiento ignorase párrafos enteros de la Constitución, a pesar de disponer de la maquinaria del Estado a su servicio.
La acción del Defensor del Pueblo se refleja en seis cartas que me ha remitido entre septiembre de 1995 y mayo de 1997, y resumo las diligencias efectuadas así:
1. Existe un convenio de cooperación entre la DGT y el Ayuntamiento en lo que se refiere a vehículos que se remonta a junio de 1986. Este convenio se traduce en el envío de datos de forma periódica (trimestral). Desde junio de 1994, esa cooperación está informatizada.
2. La DGT contestó cumplidamente a los requerimientos del Defensor del Pueblo e hizo ver cuáles habían sido los avatares históricos y cómo las diversas instituciones que tenían que ver con el tráfico de vehículos estaban coordinadas.
3. El Ayuntamiento de Madrid mantuvo una postura cerril y no respondió a los reiterados requerimientos del Defensor del Pueblo sobre el tema suscitado.
4. La DGT comunicó en los primeros meses de 1997 que, aceptando las sugerencias del Defensor del Pueblo, establecía un mecanismo más dinámico para enviar al Ayuntamiento datos sobre altas, bajas y alteraciones de titularidad de vehículos (mensual, en vez del trimestral anterior).
La conclusión es obvia:
a) La DGT ha actuado de forma profesional y diligente y ha aportado elementos para mejorar su gestión.
b) El Ayuntamiento de Madrid actuó mal, no quiso reconocerlo y fue desconsiderado con el Defensor del Pueblo, una institución de las Cortes Generales.
c) El Defensor del Pueblo fue muy receptivo con mi queja cuando consideró que incluía elementos de su competencia y el tratamiento que hizo de ella fue excelente, considerando los límites de ese organismo.-
