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UGT reclama una parte de Azca como patrimonio confiscado tras la guerra civil

Una fortuna entre legajos. Y con muchos ladrillos encima. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha iniciado una ofensiva para recuperar los bienes que le fueron incautados tras la guerra civil y aún no devueltos. Un grupo de investigadores remueve desde hace casi un año el Archivo General de la Administración. Allí, según el sindicato, han documentado la propiedad de bienes por 41.000 millones de pesetas en España. Casi la mitad (19.497 millones) corresponde a posesiones en Madrid. Entre ellas, un solar en la zona de Azca de una extensión de 22.000 metros cuadrados.

El valor del solar de 22.000 metros cuadrados que reclama UGT sería de unos 6.600 millones de pesetas a precio actual de mercado, según expertos inmobiliarios. Sin embargo, el sindicato lo cifra en 15.860 millones. Corresponde a una antigua finca ubicada a ambos lados de la calle de Orense, entre General Perón y Reina Mercedes. Antes de la guerra civil, UGT tenía allí una finca en la que construyó un parvulario para hijos de obreros. "Ahora hemos encontrado nueva documentación, lo que nos permite reclamar una compensación económica por aquellos terrenos", explica el secretario de Administración y Finanzas de UGT, Sebastián Reyna.Los ladrillos de este pedazo de milla de oro seguirán en su sitio: según la normativa que regula la devolución del patrimonio sindical confiscado, se restituirán los bienes, obligatoriamente documentados, que permanezcan sin alterar. Cuando se hayan producido cambios o el Estado no sea ya el dueño, sólo procede una compensación económica.

Además de los terrenos de la calle de Orense, UGT asegura tener documentada la propiedad de 24 bienes inmuebles en la capital, entre los que figuran los edificios de las calles de Carranza, 27; Azucena, 22, Castellar, 23, o Eloy Gonzalo, 24. También se reivindican locales como los de General Martínez Campos, 1, o Libertad, 34. Igualmente, el sindicato solicita la devolución de acciones y cuentas corrientes de sus organizaciones madrileñas por valor de 1.200 millones de pesetas. En la región, UGT afirma tener probados los derechos sobre inmuebles en Aranjuez, Colmenar Viejo, Collado Mediano, Galapagar, Getafe, Leganés, Mejorada del Campo y Torrelaguna.

Los bienes reclamados (32 inmuebles en total) eran casas del pueblo, farmacias, economatos o sedes sindicales en la mayoría de los casos. Antes de la guerra civil, el sindicato socialista tenía un importante patrimonio en toda España. En el caso de Madrid, se vio acrecentado por el legado de un industrial, Cesáreo del Cerro, que donó a la UGT un millón de pesetas en 1915. Se constituyó una fundación que compró la finca de la calle de Orense y se hizo cargo del inmueble de la calle de Carranza, 27.

Devolución y sorpresas

UGT ya reclamó estas dos joyas de la corona en 1986, cuando el Gobierno dio el primer paso en la devolución del patrimonio sindical confiscado. El Ministerio de Trabajo, encargado de las restituciones, denegó la petición: "No se pudo demostrar que la fundación perteneciera al sindicato", explica una fuente ministerial. "Nos faltaban las pruebas que ahora tenernos", replica Reyna.En 1986, la central socialista recibió un total de 4.144 millones de pesetas y 102 inmuebles por las propiedades que pudo probar. Los bienes recuperados en Madrid supusieron 490 millones. Desde entonces, UGT ha seguido reclamando bienes con escasa fortuna. A partir del verano pasado, Alcalá de Henares se ha convertido en la cueva del tesoro para la central. Allí se alberga el Archivo General de la Administración. Y allí, tres investigadores escarban para el sindicato en centenares de legajos con un solo objetivo: encontrar documentos que permitan demostrar la propiedad de bienes confiscados.

Las sorpresas están a la orden del día. "Hoy nos hemos encontrado una cooperativa tabaquera en La Coruña, y la semana pasada, ocho minas en Asturias", explica Fernando Pérez Chavida, al frente de estas investigaciones. Trabaja en un despacho atestado de cajas y carpetas. Son los resultados de un buceo que, en Madrid, ha permitido descubrir ocho inmuebles. Todos estos papeles irán en una furgoneta rumbo al Ministerio de Trabajo "antes de agosto", dice Reyna.

El ministerio rebaja las valoraciones económicas de UGT. "Nosotros cumplimos la ley escrupulosamente", advierten. Y la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado de 1986, que reguló las devoluciones de bienes confiscados, establece que la compensación económica se hará según los precios de mercado "a la entrada en vigor de esta ley", o sea, los de 1986.

Aquel año, los bienes ahora reclamados en Madrid tenían un valor de 7.868 millones de pesetas. El total español suponía 16.615 millones. Pero UGT pide importes actualizados, a los que suma los nuevos bienes descubiertos. En total, 41.000 millones de pesetas (19.497 en Madrid).

Una vez que la camioneta con los expedientes llegue al ministerio, se estudiarán las reclamaciones. De ser aprobadas, el Gobierno debe aprobar las compensaciones. El proceso es lento, pero UGT tiene prisa: todo su patrimonio, tanto el actual como el reclamable, está hipotecado por culpa del agujero de la cooperativa PSV. "Si el Estado nos compensa por el patrimonio confiscado, lo primero que haremos es quitarnos la deuda del Instituto de Crédito Oficial, algo más de 12.000 millones", dice Reyna. El encargado de las finanzas de UGT puntualiza: "Para nosotros, la reclamación del patrimonio no tiene un carácter estrictamente económico, sino también moral e histórico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de junio de 1997

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