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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Un compromiso de diez puntos

Luis R. Aizpeolea

José María Aznar anunció ayer un compromiso recogido en diez puntos que afectan a distintos ámbitos políticos y sectoriales del Gobierno. La mayoría de estas iniciativas son ya conocidas, pero el presidente del Gobienio aprovechó el debate para unificarlas y presentarlas como un plan a corto y medio plazo:1. El Gobierno aprobará el programa plurianual de empleo para impulsar en una estrategia integrada las actuaciones de todos los ministerios.

2. Se aprobará la Ley General de las Telecomunicaciones. La privatización de Retevisión permitirá la puesta en marcha de un segundo operador de servicios telefónicos de ámbito nacional al que a partir de enero de 1998 se irán añadiendo los operadores de cable. El 1 de diciembre de 1998 quedará liberalizado totalmente el sector.

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3. Antes de que acabe el año se remitirá a las Cortes un proyecto de ley que refuerce los mecanismos y órganos encargados de la Defensa de la Competencia.

4. En 1998 se abordará la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. Se incrementará el esfuerzo presupuestario para educación. Se reformarán los planes de estudios para reforzar en los niveles no universitarios las materias humanísticas. En los próximos meses se traspasarán las competencias de la educación no universitaria a las diez comunidades autónomas que aún no las han asumido.

6. Reforma de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, así como la reconsideración parcial de la Ley del Jurado y del Código Penal.

7. El estatuto de la función pública completará la profesionalización de los funcionarios.

8. El Gobierno remitirá a las Cortes próximamente un proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo.

9. El Gobierno impulsará la consecución de un Pacto Local destinado a que los ayuntamientos puedan tener un mayor protagonismo en la redistribución territorial del poder.

10. El Gobierno pedirá un estatuto especial para las regiones ultraperiféricas que se incorpore a los tratados de la Unión para garantizar un marco jurídico apropiado para Canarias.

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