La pugna por el control del Ateneo desemboca en el cierre "cautelar" del centro

El conflicto que vive el Ateneo desde que el viernes pasado un grupo de 43 socios se encerrase en la institución para protestar "por su desgobierno" se agravó ayer hasta límites difícilmente imaginables en una sede dedicada a las artes, la ciencia y la cultura. Los enfrentamientos llevaron a la junta de gobierno a pedir ayuda a la policía y una orden judicial de desalojo. Finalmente, la junta acordó la suspensión cautelar de toda actividad cultural y administrativa. En el fondo de la pugna, que se arrastra desde el pasado mayo, late la lucha por el control de la institución.

El enfrentamiento entre la Junta de Gobierno saliente y la gestora disidente llegó ayer a su punto álgido. Por la mañana, esa junta gestora rebelde se había presentado en los despachos del Ateneo para tomar posesión de ellos. Según el secretario general de la institución, Juan Iglesias, amenazaron y dejaron al personal, imputación que los disidentes niegan. Hacia las 16.00 horas, uno de los miembros de la junta gestora pretendió acceder de nuevo a los despachos, lo que provocó un enfrentamiento con un miembro de la asesoría jurídica. Ambos se han denunciado por agresiones.Anoche, mientras unos 70 socios disidentes debatían en el salón de actos las medidas a tomar contra la junta saliente, tina docena de personas fieles a la actual junta permanecía encerrada en los despachos custodiados, por dos guardias de seguridad privado, para impedir el acceso a ellos de los rebeldes.

Pasada la medianoche, la junta de gobierno difundió un comunicado en el que señalaba que, por orden judicial, la policía nacional había procedido al desalojo de los socios "que pretendían hacerse por la fuerza con las dependencias administrativas".

Por ello, se decidió suspender hoy toda "actividad administrativa y cultural de forma cautelar para evitar enfrentamientos físicos".

El conflicto tiene su origen en el veto que recibió el pasado 5 de mayo el reglamento que la junta de gobierno había sometido a votación. El día 13 de ese mes la directiva (cuyo mandato expiró el 2 de junio) acordó abrir un periodo del 16 al 26 de mayo para que una comisión elaborase una normativa y un calendario electoral.

Los comisionados debían estar respaldados por 25 firmas de socios para participar en ese grupo de trabajo. Pero, según los disidentes, la junta no asumió los acuerdos de esa comisión y presentó comisionados con posterioridad al 16 de mayo, alegando que les había retrasado el puente de San Isidro. Juan Iglesias negó legitimidad a los rebeldes y explicó que el 29 de mayo la junta acordó convocar una votación el 26 de junio entre todos los socios para elegir la normativa electoral.