Roldán dio orden de que las obras fuesen de su "exclusiva" competencia

Luis Roldán continúa protegiendo con sus declaraciones a sus compañeros de banquillo. Ayer le tocó el turno al general Manuel Llaneras Baquero, ex responsable de obras de la Guardia Civil y procesado por presunto tráfico de influencias. Según Roldán, el fulgurante ascenso profesional de Llaneras fue legal y en el mandato de este último las adjudicaciones de obras se hicieron con idéntico sistema al de anteriores mandos. La instrucción del sumario demuestra, en cambio, todo lo contrario.

El servicio de Acuartelamiento (obras) del instituto armado fue el auténtico flilón del enriquecimiento ilícito de Roldán. Con la excusa de mejorar las condiciones de vida de los guardias civiles, el procesado puso en marcha un plan de reforma y nueva construcción de 52 casas cuartel por toda España que costó más de 80.000 millones de pesetas.Pero para llevar a cabo su plan, el entonces jefe de la Guardia Civil tuvo que apartar a los oficiales que pudieran estorbarle y controlar personalmente las adjudicaciones de obras. Así, retiró de la circulación al coronel Pino Sargado y al teniente coronel Baltasar Cerezal, que hasta su llegada a la dirección gestionaban ese departamento. El primero pasó a la reserva a pesar de que no había cumplido la edad reglamentaria. El siguiente paso de Roldán fue promover, el 3 de mayo de 1988, el ascenso de Llaneras a coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento.

Una semana antes, el 25 de abril, Roldán dirigió un escrito al general Félix Pérez Navas, subdirector de la jefatura de Apoyo, y le comunicó que en lo sucesivo todos los asuntos del servicio de obras serían responsabilidad "exclusiva" del director. Desde entonces, al general Pérez Navas empezaron a llamarle a sus espaldas "Pérez Nada" y comenzaron a adjudicarse las obras sin concurso y mediante adjudicación directa. El procesado negó ayer todos estos extremos.

A preguntas de Marcos García Montes, representante de la acción popular promovida por José María Ruiz Mateos, Roldán negó haber tenido conocimiento de los informes de Fernando Martínez Genique, interventor de Hacienda en Interior, quien denunció en los años 1987, 1988 y 1990 que en la Guardia Civil se daban las obras siempre a las mismas constructoras. Estos informes fueron enviados a José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, quien a su vez se los remitió al procesado. %Por qué condecoró a este interventor con la medalla al mérito militar con distintivo blanco? ¿Lo hizo para acallarlo?", preguntó el letrado. "No, lo hice porque era una persona peculiar", respondió Roldán.

El ex director de la Guardia Civil volvió a defender sus falsos títulos universitarios, a los que anadió un galón nuevo e igualmente inexistente: la dirección de la empresa de metalistería Carlos Navarro SA en Zaragoza, en la que sólo llegó a jefe de taller.

Mañana está previsto que le interrogue su abogado defensor y, entre otras estrategias previstas, destaca la exhibición de una carta que su esposa, Blanca Rodríguez-Porto, entregó a Antonio Asunción después de que Roldán iniciase su fuga. En la carta se quejaba de que el secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, lo expulsara del partido y amenazaba con desvelar donde estaban las cuentas de Filesa. "Las cuentas del extranjero no sólo sirvieron para recoger gratificaciones, sino también para pagar los informes de Kroll, Conde o unas compras de armas en Suráfrica, así como indenmizaciones por servicios prestados", decía la misiva, según fuentes de la investigación.

Ayer, el Tribunal Supremo desestimó la petición de Blanca Rodríguez-Porto para que se juzgue a los constructores que pagaron las comisiones de obras y cuyos delitos han prescrito.