El fiscal del 'caso Zamora' recibe pruebas de la trama creada por el PP

El fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, ha recibido unos documentos que demostrarían una trama orquestada entre la Diputación de Zamora, gobernada por el PP, y varios constructores supuestamente involucrados en el pago de comisiones. Los documentos son copias de impresos estándar que se presentaban para licitar y que van firmados en blanco por algunos de los constructores implicados.

Según las sospechas de los grupos de oposición, PSOE e IU, que participan en la comisión de investigación sobre el caso Zamora, en la Diputación se rellenaban dichos documentos a conveniencia en las licitaciones de obras de adjudicación directa. El sistema era sencillo: a la hora de adjudicar una obra se rellenaba el impreso, ya firmado, con los nombres de tres empresas constructoras implicadas en la trama para dar legalidad al acto administrativo; se descartaban dos de ellas porque su oferta superaba el precio inicial y, finalmente, se adjudicaba a la tercera, que pujaba por el precio exacto. Las constructoras implicadas se repartían así las obras y también los territorios de actuación.Los impresos entregados en la fiscalía están firmados en blanco, presuntamente, por los constructores César Martínez Omaña (Cemosa), a quien corresponde el documento reproducido en esta página, y Manuel Tábara Lobo, en representación de Hermanos Tábara (Hertasa). Ambos están entre las empresas más favorecidas por la Diputación y han sido acusados de pagar comisiones.Además, Martínez Omaña es el constructor que, según el empresario Eduardo Corrales, entregó en 1987 al hoy presidente del Gobierno, José María Aznar, un cheque de dos millones de pesetas para financiar la campaña electoral del entonces candidato a la Junta de Castilla y León por Alianza Popular (AP).En la documentación, remitida al fiscal por el ex diputado centrista Luis Rodríguez San León, también hay impresos firmados en blanco por el constructor Jeremías Suaña Gato que, aunque no aparece en la relación de presuntos implicados en el pago de comisiones, recibía obras con regularidad en la institución zamorana. Los impresos son: recogen la filiación del solicitante, aceptan "la invitación" de la Diputación para participar, relacionan la obra de que se trata, recogen la cuantía de la oferta, la fecha y la firma del aspirante.

No sólo los modelos documentales son iguales. Según PSOE e IU, el mecanismo de licitación es casi clónico, las empresas de la terna se repiten, y el orden de entrada de las ofertas en el registro de la institución es correlativo.

Esto se repitió en la Diputación entre 1983 y 1988, según la oposición. Quizá por ello el PP se ha negado a permitir el acceso de la comisión al listado de obras anteriores a 1987. El PP, con mayoría en la comisión, ha hecho público que quiere dar "cerrejazo" a la investigación, a pesar de haber anunciado que llegarían "hasta el fondo".