Argelia acude a las urnas con pocas esperanzas de que acabe la guerra

Nadie sonríe en Argel. El temporal que azotaba ayer la ciudad despejó las calles de paseantes que matan su ocio forzoso para escapar del agobio de un hogar compartido con otros 10 o 12 familiares. Los escasos transeúntes aceleraban el paso en la segunda jornada consecutiva sin bombas, tras el trágico fin de la campaña electoral. Cerca de 17 millones de argelinos eligen hoy a los 380 diputados de la Asamblea Nacional después de más de cinco años sin Parlamento.

No son las primeras elecciones multipartidistas desde la independencia: el Frente Islámico de Salvación (FIS) iba a triunfar en las urnas cuando el golpe militar de 1992 desencadenó su ilegalización. Desde entonces, más de 60.000 personas han muerto en medio de la guerra que libran las fuerzas de seguridad y la guerrilla integrista."Las elecciones no van a cambiar nada, el problema de Argelia sigue siendo la violencia", decía con rabia Hassan, de 22 años, en la plaza de los Mártires, a los pies de la alcazaba, uno de los feudos del islamismo argelino, donde vive con sus padres. "En diciembre de 1991 voté al FIS, mañana (por hoy) me abstendré". "Cualquier día me largo de aquí", amenazaba, "con mi hermano que vive en Valencia, o con el que está en Cataluña sin papeles. Aquí no hay esperanza".

A partir de las ocho de la mañana de hoy (las nueve en España), volverán a abrir sus puertas los colegios electorales por tercera vez en menos de dos años. Tras las expectativas que abrieron las presidenciales de 1995, en las que el general Liamín Zerual quedó confirmado en las urnas como jefe del Estado, el referéndum para la reforma constitucional de noviembre de 1996 supuso un nuevo cerrojazo del régimen, que se blindó para evitar que un vuelco electoral pueda privar del poder a la cúpula militar que ha dirigido el país desde la independencia, en 1962.

Los cerca de 8.000 candidatos que se presentan a estas legislativas -integrados en 39 partidos o, los menos, en listas independientes- se disputan bajo un sistema de proporcionalidad y en 54 circunscripciones, seis de ellas para los emigrantes, los 380 escaños de una Asamblea que estará sometida al veto de un Consejo Nacional (Cámara alta) que aún no ha nacido. El presidente de la República se reserva el derecho a designar a un tercio de los miembros del Consejo, y el resto saldrá, por elección indirecta, de entre los representantes de los ayuntamientos y provincias, que no serán democráticamente elegidos hasta Finales de año. El jefe del Estado, además, tiene una amplia prerrogativa constitucional para legislar por decreto.

Y sin embargo, hoy se vota en Argelia con la presencia de centenares de observadores internacionales y periodistas extranjeros. Los candidatos, algunos de los cuales abrieron su campaña electoral en la alcazaba de Argel el pasado 15 de mayo, han desafiado al terror con mítines en la Mitiya -la ensangrentada planicie que rodea a la capital argelina- o en el desierto o las estribaciones del Atlas. "La campana electoral termina entre la satisfacción y el dolor", aseguraba ayer el diario independiente El Watan. Los partidos han podido airear sus programas (no todos en la única televisión, la estatal), aunque las bombas y los cuchillos se han cobrado más de 150 vidas.

No hay sondeos electorales, pero todo el mundo sabe quién va a ganar hoy: la Agrupación Nacional Democrática (RND), fundada el pasado abril y más conocida como partido del presidente o del poder. Lo lidera Abdelkader Bensala, presidente del Consejo Nacional de Transición, el pseudoparlamento creado por el régimen tras el golpe de 1992, y su cabeza de lista por Argel es el primer ministro Ahmed Uyahia. Previsiblemente, el sistema proporcional evitará que alcance la mayoría absoluta.

La única incógnita es la de saber qué ventaja sacará el RND al Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), el principal partido de los islamistas moderados, que se vio obligado a cambiar su tradicional nombre de Movimiento de la Sociedad Islámica (Hamás) para sortear las nuevas leyes electorales, que prohiben las organizaciones políticas de base religiosa.