El Gobierno sancionará a los nuevos gestores de la CSI si incumplen el plan industrial después de la privatización

El Gobierno se ha propuesto vigilar de cerca a los futuros gestores de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI), que integra la, antigua Ensidesa (Asturias), la Acería Compacta de Bizkaia, Laminaciones de Lesaca (Navarra) y Altos Hornos del Mediterráneo (Valencia). El Ejecutivo ha previsto vender el 30% del capital y otorgar la gestión de la CSI al grupo extranjero que presente un plan de futuro con mayores garantías de viabilidad para la compañía, y el Ministerio de Industria ha decidido que empleará distintos procedimientos para asegurarse que lo cumplirán cuando el grupo esté en sus manos.Entre las medidas que baraja Industria está la imposición de sanciones a los nuevos gestores de la CSI si éstos se apartan del plan industrial que les abrirá las puertas de la corporación. Con esa intención, Industria estudia la aplicación de la Ley de Enajenación de Determinados Activos Estratégicos del Sector Público al proceso de privatización de la CSI.

De acuerdo con esa ley, cuyo desarrollo reglamentarlo permitiría introducir la posibilidad de esas sanciones, el Consejo de Ministros podría vetar o autorizar decisiones 'estratégicas que afecten a la corporación siderúrgica hasta 10 años después de la privatización total de la compañía.

La privatización de la CSI está prevista para el primer trimestre del año próximo. No obstante, el actual propietario de la CSI, la Agencia Industrial del Estado (AIE), prevé conocer en los próximos días qué grupos optan a hacerse con los mandos. Entre las empresas multinacionales que han manifestado interés por esta privatización se encuentran British Steel, la francesa Ucinor-Sacilor, el grupo Thyssen, de Alemania, y US Steel, de Estados Unidos.

Salida a bolsa

El Gobierno ha previsto vender entre un 25% y un 30% a un socio extranjero, de un 15% a un 20% a inversores nacionales y colocar el resto (en torno a. un 60%) en Bolsa. La AlE tiene al banco Central Hispano (BCH) como asesor para todo el proceso de privatización, y cuenta con la entidad bancaria para. determinar qué porcentaje se destinará a cada tramo.Una vez culmine la venta de la empresa, el Estado no mantendrá ninguna presencia ni en el capital ni en el consejo de la CSI, una compañía cuyos beneficios rondan los 20.000 millones de pesetas.

El ministro de Industria, Josep Piqué, se ha comprometido con los representantes sindicales de UGT y CC OO a informar a las centrales sobre la marcha del proceso. De hecho, las centrales, aunque rechazan la privatización de la CSI, han exigido que, al menos, se apliquen medidas para evitar que los nuevos gestores caigan en la tentación de fragmentar la compañía, vender parte de sus activos o reducir la plantilla.

Los sindicatos han reiterado en los últimos días su preocupación por el hecho de que España "vaya a ser el único país europeo sin una compañía nacional de siderurgía integral".