Sobre los trasvases

El otro día, mi hijo y colega me comentaba su indignación con unas declaraciones de la ministra Tocino en las que manifestaba que el problema del agua estaba en vías de solución porque se había llegado a un preacuerdo para la planificación conjunta de los recursos de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar. Desde luego, difícil lo tiene si quiere resolver el problema de las dos cuencas más deficitarias, Segura y Júcar, a expensas de una única cuenca excedentaria, y además no siendo de las más excedentarias. La indignación de mi colega es comprensible, y su justificación, lógica: el agua es un recurso escaso, natural y renovable, y si los pantanos, en este caso de la cuenca del Tajo, están llenos, habrá agua para todos, y si no, sólo para aquélla. ¿Cuál es la solución" Muy sencillo: trasvasar agua desde donde verdaderamente sobra a donde hace falta. Todo el mundo sabe que en España las cuencas excedentarias, además de la del Tajo, son las del norte y el Ebro, y que hay agua suficiente en el país para todas las demandas.La solución, simple en su planteamiento, es complicada en su realización, porque hay problemas técnicos, administrativos y sobre todo políticos. Empezaré por estos últimos. De entrada, nos encontramos con una cuestión semántica. La palabra trasvase no se puede usar, está mal vista en el mundo político; yo diría que proscrita; su significado es demasiado conflictivo, y por eso, desde la época del II Plan de Desarrollo franquista, todos los Gobiernos, democráticos o no, han utilizado eufemismos para evitarla: "aprovechamiento conjunto" en el 11 Plan o SIEHNA (sistema integrado de equilibrio hidráulico nacional) en el Plan idrológicosocialista. La última vez que un político utilizó la palabreja se remonta a Indalecio Prieto, que además de llamar le por su nombre fue el promotor del trasvase Tajo-Segura, que después llevó a cabo la Ad ministración franquista. Volvamos al problema político. El agua es rentable políticamente, un elemento que proporciona votos se utilice como se utilice. El político de una comunidad autónoma excedentaria sabe que si levanta la bandera del no pasa rán, "no cederemos ni un metro cúbico de agua", tiene el apoyo incondicional de sus volantes, mientras que el de una comunidad deficitaria, aunque sea del mismo partido, para conseguir el :beneplácito tiene que reivindicar la propiedad pública del agua y que el Estado garantice la igualdad de todos los españoles. Vistas así las cosas, no parece muy probable que quienes se benefician de tan sencillo mecanismo vayan a abandonarlo por las buenas, sobre todo los que, además de conseguir votos, logran el objetivo propuesto: no ceder agua.

La cuestión económica es otro cantar. En la teoría económica hay un tratamiento especial para los recursos naturales no renovables, que aquí se podría aplicar bajo el supuesto de una no renovabilidad parcial, que se da en los casos de sequía cuando la oferta de agua disminuye de forma considerable. El agua, además de ser recurso escaso y natural, es un recurso sobre todo limitante. Sin agua no hay vida, y eso hace que, antes de plantear cualquier mecanismo de distribución, el Estado deba garantizar el abastecimiento de poblaciones, el autoconsumo agrícola y el caudal ecológico; el resto, en una economía de mercado, debe someterse a sus leyes. El agua, en los procesos productivos en los que interviene, lo hace como un factor más que debe ser remunerado, vía precio, según su contribución. Si esto se hiciera así, nos evitaríamos controversias gratuitas sobre en qué zonas y en qué sectores es más rentable para el conjunto nacional. El mercado pondría a cada uno en su sitio y haría el país más competitivo acuosamente hablando.

En cuanto a la Administración, mi hijo tiene razón: sobre todo, sentido común y paciencia. Las cuestiones del agua son complicadas y delicadas, y en España tenemos buena y extensa prueba desde el primer pleito del que se tiene noticia, el Bronce de Contrebia, del año 87 a.C., hasta el último incidente de Almería. La Administración debe andarse con pies de plomo y no lanzar globos sonda. Si no le parece adecuado el plan del Gobierno anterior, que lo reformen o que hagan uno nuevo, pero que den una solución para el país. Con el agua no se juega.

Los catalanes lo han entendido muy bien. Cuando han visto que el asunto tomaba un cariz político poco favorable para sus pretensiones, se han ido a Francia a comprar agua del Ródano, porque están convencidos de que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo con sus vecinos aragoneses. Cuestión un poco absurda, porque ni aragoneses ni castellano-manchegos ni región alguna tienen dominio sobre el agua.. ya que el dominio es público. El error ha sido permitir que las administraciones regionales se confundan con las cuencas hidrográficas, lo que ha dado pie a los problemas políticos descritos. Mi hijo vuelve a tener razón cuando dice: "SI el agua del Tajo es de. los castellano-manchegos, las aguas del litoral murciano son de los murcianos, y el que venga de fuera a bañarse, que pague". Pero esto, afortunadamente, no es así, y es el Estado el que debe administrar los distintos ámbitos. En primer lugar, determinando el nivel espacial del problema, que en nuestro caso es muy sencillo: el nacional, aunque no sería ninguna tontería ampliarlo a la UE, porque cuando más lejana es la perspectiva más difíciles son enfrentamientos vecinales. En segundo lugar, tiene que funcionar una Administración única del agua, que determine los procedimientos de trasvase y gestione su distribución y consumo. Por último, el coste político ha de ser cero, para lo que los partidos deben llegar a un acuerdo como los alcanzados en cuestiones de Estado.

Ojalá me equivoque, pero creo que la España seca lo va a seguir siendo por algún tiempo. Qué lástima que no tengamos el Ródano tan a mano como los catalanes.