La justicia suiza autoriza al juez Perraudin a notificar a Francia datos sobre Paesa

El Tribunal Federal de Lausana, la máxima instancia judicial suiza, ha autorizado al juez de Ginebra Paul Perraudin a que notifique a su homólogo de París, Gérard Poirotte, los datos que podrían permitir procesar al empresario Francisco Paesa en Francia por presunta comisión de delitos.Investigando el caso del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán en Ginebra, el juez Perraudin descubrió que Roland Costacurta, intermediario en la reventa de los inmuebles de Roldán en Francia, también había servido como- agente de Paesa en la recepción en Suiza, y luego en su transferencia a España, de 10 millones de francos franceses de comisiones provenientes de Citroën.

Con este objetivo, Costacurta elaboró una serie de facturas falsas para disimular la operación, utilizando dos compañías de su propiedad, Nesa y Komeco.

Los fondos pagados por Citroén llegaron originariamente a Costacurta (unos a través de una sobrina de Paesa, Beatriz García; y otros por pagos bancarios de la filial suiza de Citroën). Posteriormente, y obedeciendo instrucciones de Alfonso García (otro sobrino de Paesa), Costacurta remitió los 10 millones de francos franceses a Aresbank, en Madrid, en beneficio de dos cuentas controladas por Paesa a nombre de las compañías Omerdale y Bernwin. En Franela, las investigaciones del juez Gerard Poirotte revelaron que la central de Citroën preparó otra serie de facturas ficticias en beneficio de una sociedad conocida bajo las siglas RSCG para justificar el desembolso de los 10 millones de francos franceses. El operador de esta maniobra fue el director general de Citroën para España, Yves Jouchoux. Éste declaró que el dinero había sido destinado a pagar gastos de seguridad en el País Vasco, agregando que los destinatarios le fueron señalados por un directivo de Citroën España: Emilio Orateaga.

Según esta versión, las fuerzas policiales de España recibieron financiación de una empresa privada extranjera, ya que en el sumario suizo y en el expediente francés no existe constancia de trabajos realizados por compañías privadas de seguridad.

Esta versión avanzada por Citroën Francia para exculpar su conducta no pudo ser corroborada en España. El 13 de mayo de 1996, los magistrados Pedro Rodríguez, Francisco Serrano y Begoña Fernández, de la Audiencia Provincial de Madrid, se negaron a que la justicia española investigara a Citroën por estos pagos.

Con la decisión de la justicia suiza, serán los tribunales de París quienes tratarán de esclarecer estos presuntos pagos ilegales.