La OCDE recomienda a España que siga la política de liberaación y abarate el despido

La organización para la coperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recordó ayer al Gobierno español el grave problema del desempleo. En un documento aprobado durante la cumbre ministerial de los 29 países miembros de la OCDE, reunida ayer y hoy en París, se recomienda a España que barate el despido si quiere reducir su tasa de paro (el 22% sobre pobblación activa en 1996), la más elevada de todos ellos. También se insta al Gobierno español a que reestructure y privatice las empresas públicas para someterlas a "una competencia más viva" y continúe la política de liberalizaciones. La OCDE estimó ayer que el crecimiento económico en los países industrializados se situerá entre el 2,5% y el 3% como media en 1997 y 1998.

España debe liberalizar todavía más su economía. Ésta es, en esencia, la propuesta que la OCDE hace a España. En el terreno laboral, el documento aprobado ayer señala que España debe continuar aplicando medidas estructurales si quiere reducir su desempleo, el más alto de la OCDE. Pero el problema de España no es sólo el elevado porcentaje de paro (el 22% de la población activa), sino que la mayor parte tiene un carácter estructural; es decir, se mantiene independientemente de la bonanza económica.El informe de la OCDE sobre el empleo señala que España está entre los países donde el paro estructural ha aumentado durante los años noventa. En concreto, es el sexto país donde más ha crecido el paro estructural: se situó en el 20,9% sobre la población activa, 1,8 puntos por encima del de 1986. De los 23 países estudiados por la organización, sólo Finlandia, Suecia, Alemania, Islandia y Suiza registraron aumentos mayores.

A partir de la cifra española, la OCDE hace varias recomendaciones en relación a la indemnización por desempleo, la legislación en materia de empleo, sobre la determinación de los salarios, sobre las políticas activas y la formación, medidas que ya se contemplan en gran parte en el pacto sobre el empleo firmado entre sindicatos y patronal.

Privatizaciones y horarios

Así, la OCDE dice que debe reducirse la duración de la indemnización por despido y la cuantía de las compensaciones, así como prever la deducción de esas compensaciones y limitar las posibilidades de una nueva indemnización. Sobre las políticas activas para el mercado de trabajo, recomienda que se oriente más hacia los colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente hacia los parados de larga duración.El informe hace hincapié en la necesidad de insistir en la reestructuración y privatización de empresas públicas para someterlas a "una competencia más viva". Y, en ese sentido, sostiene que es necesario desregular los servicios profesionales y liberalizar horarios comerciales, dos asignaturas que se han encontrado tradicionalmente con posiciones muy encontradas.

Entra también en el campo educativo. En él señala que España debe mejorar la calidad de la enseñanza básica y debe esforzarse en reducir el índice de abandono que se registra en el ciclo de la enseñanza secundaria. La formación profesional necesita ser "normalizada o mejorada" y debe homolgar los diplomas que se otorgan.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó ayer que el Gobierno español "comparte y aplica" las medidas propuestas por la organización internacional, a las que hay que añadir otras de caracter maeroeconómico "que incrementen la confianza en la economía española".

A juicio de Rato, "es muy significativo que España esté creando empleo con gran intensidad y que los interlocutores sociales quieran aprovechar la ocasión de crear más puestos de trabajo y de mayor calidad con reformas estructurales".

Para todos los países miembros, la OCDE entiende que se deben elaborar políticas macroeconómicas que favorezcan el crecimiento, incrementar la flexibilidad en la jornada laboral y crear un clima favorable para que las empresas puedan eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo.

En la Unión Europea, las dificultades para acatar ese mandato vienen de otro compromiso: la implantación del curo y los criterios de convergencia en materia, sobre todo, de inflación y déficit público. Es más, para el examen de la próxima primavera, no bastará con que las cifras macroeconómicas de 1997 se atengan a esos compromisos, sino que habrá que demostrar un nivel de convergencia duradero, según afirmó ayer en París el comisario europeo de Finanzas, Yves Thibault de Silguy.

"El examen se hará con las cifras de 1997, aunque también habrá que responder a la pregunta de si habrá un nivel de convergencia duradero y estable", dijo De Silguy. A su juicio, para que la estabilidad sea duradera es necesario mantener el nivel de reducción del déficit público, para que los tipos de interés sean bajos y pueda crearse empleo "de una manera sana y sostenida".