Un capellán acusa de un delito de coacciones al arzobispo castrense

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, Adoración María. Riera, ha admitido a trámite la querella criminal de un capellán militar contra el arzobispo castrense, el secretario general del arzobispado y el vicario general. El sacerdote les acusa del delito de coacciones porque, asegura, le advirtieron que si no causaba baja voluntaria en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, para el que fue nombrado en 1993 por ocho años como máximo, saldrían a relucir trapos sucios sobre su conducta.

Antonio Gómez, sacerdote destinado como capellán militar en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), dirige su querella contra el arzobispo castrense, José Manuel Estepa; el secretario general de ese arzobispado, Jesús León, y el vicario general, José Antonio Vila.Gómez relata que el 2 de diciembre de 1996 fue convocado urgentemente por León al arzobispado y que él y Vila le dijeron que tenían una pésima información sobre él, que escandalizaba a la base con sus predicaciones, que siempre iba con muchachos y que había introducido soldados en el pabellón de oficiales e incluso los había, "subido" a su habitación".

Ambos, siempre según la versión del capellán, le comunicaron que el arzobispo había decidido que causara baja en el Ejército y que, si firmaba el cese voluntario, "todo quedaría en silencio", pero que, si no, se sacarían a relucir los "trapos sucios". A pesar de que asegura que los hechos de los que "se le acusa son falsos, Gómez lo firmó por, alega, la insistencia con que se le intimidó.

Semanas después, el 26 de diciembre, Gómez requirió notarialmente a Estepa para que dejara sin efecto su renuncia porque no era ése su deseo y si la firmó fue por sentirse "intimidado y coaccionado". El día 30 dirigió también un escrito al vicario regional del Mando Aéreo del Estrecho, Celestino Fernández de Celis, para que lo cursara al arzobispado, manifestando que había firmado coaccionado.

Estepa, que había presentado en Defensa la propuesta de cese voluntario, ordenó en principio retirarla al conocer las gestiones de Gómez. Pero luego propuso al ministerio el cese directamente, medida que sustituyó más tarde por la de cambio de destino.

La juez ordenó en abril último que se iniciara "la averiguación de los hechos denunciados", así como que se comunicase a la autoridad competente la condición eclesiástica de los querellados, según el acuerdo con la Santa Sede de 28 de julio de 1976. Otra resolución del mismo mes acordó dar cuenta de la querella a la nunciatura apostólica en España a través de Exteriores.

Este periódico se puso en contacto con los querellados para que facilitaran su versión. En nombre de los tres, León dijo: "No puedo dar ninguna información". Ante la ignorancia que adujo sobre la querella, se le preguntó si, al menos, tenía noticia de que se hubiera producido un conflicto entre el arzobispado y el capellán, a lo que contestó: "No hay nada de eso. No me consta nada".