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La FEMP replica al Gobierno que los ayuntamientos no especulan

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Rita Barberá, perteneciente al PP, expresó ayer por la mañana el malestar de las corporaciones locales con el director general de Arquitectura y Vivienda, Fernando Nasarre, por unas declaraciones a EL PAÍS en las que afirmaba que la nueva ley del suelo acabará "la especulación de los ayuntamientos".Según dio a conocer ayer la propia Federación de Municipios en una nota pública, Barberá pidió a Nasarre, en una conversación telefónica, rectificación y "mayor sensibilidad y respeto en un momento en que se inicia el proceso de tramitación de una ley cuyos contenidos están siendo objeto de análisis en el seno de la federación, dada su trascendencia para el conjunto de las corporaciones locales". La FEMP añade que el director general contestó que en modo alguno ha pensado que los ayuntamientos sean especuladores y prometió realizar una rectificación.

Sin embargo, a primera hora de la tarde de ayer, el propio ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, afirmó en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que la nueva ley del Suelo hace una clasificación del terreno "que tiene por objetivo básico impedir la especulación que se suele producir en los ámbitos municipales a través del juego de calificaciones y recalificaciones [...] Éste es el sentido de reforma estructural que tiene el proyecto de ley", afirmó.

Arias Salgado hizo estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó ayer el proyecto de ley del Suelo, cuya finalidad es conseguir un abaratamiento del precio final de la vivienda, según dijo el ministro.

Tope del 10%

La ley establece una banda del 0% al 10% de cesión obligatoria de suelo por los promotores a los ayuntamientos. Serán las comunidades autónomas las que establecen el porcentaje, pero no podrán pasar del 10% del aprovechamiento, frente al 15% que quieren los socialistas y muchas corporaciones dominadas también por el PP.El proyecto define una nueva claisificación de suelo urbano y urbanizable. Sólo será no urbanizable el que decidan los ayuntamientos por razones culturales, paisajísticas o medioambientales. Se incrementa así la oferta de suelo "y se ponen límites a las posibilidades de especulación" con lo que se conseguirá, según el ministro, incrementar el parque de viviendas y rebajar su precio.

La nueva ley establece también un régimen de valoraciones y expropiaciones según el precio de mercado, tal y como ordenan varias sentencias del Tribunal Supremo, y recoge la sentencia del Constitucional del pasado 25 de abril sobre las competencias urbanísticas de las comunidades autónomas. El proyecto se remitirá a las Cortes por la vía de urgencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de mayo de 1997