El mito del déficit público
El autor defiende la necesidad de liberarse del dogma del déficit público y clarificar las condiciones que lo hacen no sólo aceptable, sino deseable
Pedro Saura García es profesor titular de Teoría Económica en la Universidad de Murcia y secretario de organización del PSOE en la región de Murcia
Cinco toros de Valdefresno (uno rechazado en el reconocimiento), bien presentados; 1º y 3º inválidos manejables, resto devueltos por inválidos. 2º de Puerto de San Lorenzo, bien presentado, encastado. Sobreros: 5º de Jiménez Indarte, con trapío, manso. 4º y 6º de Hermanos Astolfi, con trapío, inválidos. Curro Vázquez: media baja y rueda de peones (silencio); estocada corta caída (bronca). César Rincón: pinchazo tendido bajo -aviso- y estocada (vuelta); pinchazo y estocada (silencio). Víctor Puerto: estocada (silencio); dos pinchazos, otro hondo, rueda de peones y se echa el toro (silencio). Asistió a la corrida el Rey y los espadas le brindaron sus primeros toros. Plaza de Las Ventas, 19 de mayo. 13ª corrida de abono. Lleno.
En una sociedad tan mediatizada como la nuestra, cuando de forma interesada se repiten mensajes, se terminan por construir verdaderos teoremas económicos que, bien analizados, no tienen rigor científico ni empírico. En concreto, me refiero ahora a la idea extendida y casi generalmente aceptada de que las economías deben tender al equilibrio presupuestario, al dogma de que el déficit público es malo en sí mismo.Quizá resulte sorprendente para alguno saber que de la aplicación estricta del análisis económico más riguroso no se sigue necesariamente que el déficit público represente una opción equivocada. Pensemos, por ejemplo, en uno de los planteamientos más ortodoxos sobre las finanzas públicas, según el cual el sector público debiera seguir exactamente los mismos criterios de actuación que el sector privado. ¿Qué ocurre entonces si el déficit público es consecuencia de inversiones públicas que son altamente rentables desde el punto de vista social y económico o, más concretamente, si el valor de los beneficios futuros es superior al coste de realizar la inversión? Debería resultar evidente que, del mismo modo que es acertado para una empresa endeudarse para financiar inversiones cuyos rendimientos netos superarán los costes de la inversión, el Estado también puede acertar financiando a préstamo gastos que aumentarán la capacidad productiva del país.
Pero, ¿qué hay del gasto corriente? Suele pensarse que la teoría económica es concluyentemente negativa sobre el déficit público que tiene este origen. Sin embargo, esto puede entrar en contradicción con otro de los aforismos más rabiosamente ortodoxos: aquél que estipula que el Estado -al igual que los comerciantes- debiera obrar con la prudencia del "buen padre de familia". ¿Debería un "buen padre de familia" escaso de recursos endeudarse para pagar los estudios de un hijo brillante y esforzado? Seguro que sí. Pues bien, uno de los mayores componentes del gasto corriente del Estado español se dirige a financiar la educación. El gasto corriente en educación supone una inversión. en capital humano cuya financiación mediante déficit resulta admisible en países con una población relativamente joven, como todavía resulta ser España u otros países de la Europa del sur.
El dogma del déficit público cero tiene, empero, una justificación. Pero esta justificación se encuentra más en el ámbito de la organización política del Estado que en el de su organización económica. Cuando en los procesos políticos prima el electoralismo y la no transparencia, cuando hay poco y tardío control sobre las decisiones públicas, una vía adicional -torpe, pero quizá no menospreciable- para limitar a los gestores públicos es obligándoles a presupuestos equilibrados.
Por otra parte, los omnipotentes mercados financieros han desarrollado una identificación entre disciplina presupuestaria y responsabilidad económica de los gobernantes que ningún Gobierno puede ya contradecir. La mera sospecha de que un país pueda sentirse tentado por una vía distinta a la ortodoxa implica -aun dejando al margen las condiciones de Maastricht- una prima de riesgo en los tipos de interés que obliga a desechar cualquier alternativa a dicha ortodoxia.
Sin embargo, la Europa pos Maastricht debería aprender a liberarse de la necesidad del dogma sobre el déficit público, clarificando políticamente las condiciones que hacen no sólo aceptable, sino deseable, el mismo y mejorando los mecanismos sociales y parlamentarios de control presupuestario. Con ello sería posible conciliar la confianza de los mercados financieros con el bienestar de los ciudadanos y la eficiencia económica; cuestiones estas que el modelo de economía social de mercado imperante en Europa en los últimos 50 años fue capaz de conciliar y cuya armonía deberíamos poder preservar en el nuevo contexto económico.
La vieja ortodoxia keynesiana condujo a muchos países a graves errores de diagnóstico y de política económica en los años setenta, mientras que la nueva ortodoxia conservadora se sustenta en mitos sin fundamento científico o en modelos teóricos -como el neoclásico- que son incapaces de explicar nuestro problema más importante: un porcentaje de desempleo de dos dígitos. Los principios de economía pública de la UE del próximo milenio deberán construirse partiendo de un sano escepticismo hacia ambas ortodoxias y siendo capaces de imaginar nuevas posibilidades.
