Cuatro horas de interrogatorio en La Robla

Dos inspectores de la Policía Judicial se personaron el pasado lunes alrededor de las cuatro de la tarde en la tienda de un distribuidor de Canal + en La Robla, un pequeño pueblo minero de poco más de 5.000 habitantes situado a 24 kilómetros de León. Los agentes exhibieron lo que dijeron que era un mandamiento del juez Javier Gómez de Liaño por el que se ordenaba la inspección del local.Según el afectado, la inspección no se limitaba a él, sino que aparecía una lista de otra decena de distribuidores, a los que al parecer les había tocado la china en un sorteo realizado por la secretaría de la Audiencia Nacional entre todos los distribuidores de la cadena de pago. En efecto: otro distribuidor de Santoña (Cantabria) recibió e! martes por la tarde la visita policial.

En el caso del pueblo leonés de La Robla, los inspectores recomendaron al hijo de la dueña de la tienda, de 22 años, que fuese él quien prestase declaración ya que las actuaciones que tenían orden de realizar "podían afectar a su madre". Los inspectores, que durante las cuatro horas que permanecieron en el local hicieron constantes referencia al poco futuro que tenía Canal +, según el afectado, interrogaron a éste sobre su relación con la cadena de pago, sobre si los contratos se hacían a nombre de Canal + o de Sogecable, formas de pago, IVA, relaciones entre Canal + y Canal Satélite Digital y otras.

Cuando el distribuidor preguntó si podía negarse a contestar, los inspectores le indicaron que en ese caso le podía costar dinero.

Como colofón a esta actuación, los policías hicieron firmar una declaración al joven, de la cual no le dieron copia alegando que eso lo decidiría el juez.

El único documento que los agentes le dejaron como reflejo de su inspección fue "un acta de instrucción de derechos al perjudicado u ofendido", en el que para más inri se le anima a "ser parte en la causa penal [contra Sogecable], sin necesidad de formular querella, pudiendo ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas u otras, según convenga".

Tercer grado

El distribuidor de Canal + en La Robla fue sometido a un auténtico tercer grado. Le preguntaron cómo se realiza un contrato desde el momento que le cliente entra en el establecimiento, teniendo que explicarles minuciosamente todo el proceso hasta que el cliente decide abonarse. Tomaron nota de los distintos contratos en cuanto a fechas, para ver las distintas fianzas y cuotas de suscripción. Le interrogaron sobre si a los abonados se les explica con quién hacen el contrato, le preguntaron sobre si cobra por instalar Canal

Pero el interrogatorio no acabó ahí. Los agentes pidieron explicaciones sobre el procedimiento para que el abonado pueda darse de baja. El distribuidor de La Robla, cuyo compromiso con Sogecable data de 1993, tiempo en el que ha realizado alrededor de 250 contratos, respondió que no conocía ningún caso de abonados que se den de baja antes de finalizar el contrato.

Asimismo le preguntaron cómo envía el dinero y los contratos a Canal +; cómo paga esta cadena a los distribuidores; cuánto cobra por comisiones -el distribuidor contestó que no tenía ni idea-; cuál es la relación entre Sogecable y Canal Satélite Digital..., Insistieron además en si él conocía realmente bien a la empresa Sogecable.

Lo de interrogar sin entregar copia de lo declarado al interrogado no ha ocurrido sólo en La Robla: también ha sucedido en Santoña. Es una peculiaridad más de este proceso.