El juez envía el 'caso Urigoitia' al Supremo tras hallar indicios contra Barrionuevo

El juez de San Sebastián Justo Rodríguez ha enviado al Tribunal Supremo el caso sobre la supuesta manipulación de pruebas tras la muerte de la et4rra Lucía Urigoitia en 1987 para que declare "como imputado el ex ministro del Interior José Barrionuevo". Según informa hoy el diario El Mundo, el juez entiende que Barrionuevo, como máximo responsable de Interior en aquel momento, "debía conocer o estar al corriente" de dicha manipulación. Si el Supremo estima los argumentos del juez, tramitará ante el Congreso el suplicatorio para que el ex ministro socialista, hoy diputado, declare en esta causa.

En el auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián se fundamenta la remisión a la sala Segunda del Supremo en que resulta "necesaria para el esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados la declaración como imputado del ex ministro del Interior". El Tribunal Supremo es quien tiene la competencia en los sumarios en los que haya personas aforadas involucradas. Barrionuevo goza de este fuero especial por su condición de diputado en las filas del PSOE.El juez fundamenta los indicios contra el ex ministro en el resultado de las diligencias ya practicadas, "especialmente de' la declaración de Luis Roldán", y en el contenido de la "nota informativa del Cesid, ahora desclasificada". Según el auto, de dichas diligencias "se infiere, habida cuenta de que [Barrionuevo] ostentaba la máxima responsabilidad en dicho ministerio [del Interior], al menos debía conocer o estar al corriente de las alteraciones o manipulaciones de los instrumentos y piezas de convicción del delito que se relatan en el mencionado documento".

Manipulación

La nota del Cesid a la que se refiere el juez recoge la manipulación de pruebas en la muerte de la etarra, fallecida en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 23 de julio de 1987 tras un asalto de agentes del instituto armado al piso que ocupaba la activista con otros compañeros del comando Donostia en la localidad guipuzcoana de Pasaia.

El documento en cuestión relata que un capitán de los Servicios Especiales de la Guardia Civil manipuló unos casquillos de bala y el cañón de la pistola que empuñaba la etarra para hacer creer que Lucía Urigoitia había disparado contra un agente antes de caer abatida. Tan sólo dos días después del suceso, el 25 de julio, EL PAÍS titulaba: "La etarra muerta recibió un tiro en la nuca a bocajarro".

El documento del servicio secreto, desclasificado recientemente junto con otros 12 papeles del Cesid tras una sentencia del Supremo, terminaba diciendo: "Esta información parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más". Sin embargo, en el auto enviado al Supremo por el juez donostiarra no se hace referencia alguna a Felipe González.

El auto del juez hace referencia también a las declaraciones del entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Según recoge el escrito, del juez, Roldán declaró ante él que Barrionuevo le telefoneó explicándole que "había habido algún problema" en la acción de la Guardia Civil en la que murió Urigoitia. Según se explica en el auto, Roldán dijo que "hubo una reunión en la casa del ministro ( ... ) y éste le dijo que se les había ocurrido hacer un vídeo reconstruyendo los hechos".

Otro de los testimonios que recoge el auto es el del abogado Jorge Argote, que afirmó que "hubo que entrar en el juzgado para sustituir unos casquillos y un chaleco antibalas y luego tuvo que volver a entrar porque estaba todo correcto".

El ex ministro José Barrionuevo ya figura como imputado en el sumario abierto por el secuestro de Segundo Marey, primera acción que se atribuyeron los GAL.