Úrculo, destituido y Márquez, trasladada

El Gobierno destituyó ayer fulminantemente al fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, y nombró en su lugar al fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Jesús Cardenal Fernández. El Ejecutivo decretó también el traslado forzoso de la funcionaria María Dolores Márquez de Prado, propuesto por el fiscal general. La inesperada decisión del Gobierno abre una salida a la larga crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el ya cesado fiscal general mantuvo a lo largo de seis meses con decisiones que terminaron enfrentándole a toda la carrera fiscal. El mandato de Úrculo, el más breve desde la guerra civil, se produce apenas 10 días después de que el presidente Aznar dijera que contaba con su confianza y debía seguir trabajando.

El nuevo fiscal general, Jesús Cardenal Fernández, de 67 años es natural de Pesquera de Duero: (Valladolid) y lleva más de 30 años ejerciendo de fiscal en el País Vasco. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, es "de talante muy conservador, opuesto al aborto y al divorcio, pero muy profesional, trabajador y de trato afable y correcto, que lleva muy bien la fiscalía de Bilbao".Cardenal también fue definido como "escasamente político", y sin brillantez personal, aunque ha sabido relacionarse bien con las autoridades del País Vasco y lleva personalmente los asuntos, sin delegar algunos de los más delicados, entre ellos los relacionados con el orden público".

El cese del fiscal general fue atribuido en fuentes de la carrera fiscal a la carta enviada días atrás al vicepresidente Francisco Alvarez Cascos. En la misiva, Úrculo vinculaba su permanencia en el cargo al traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado.

Enfrentamientos

Sin embargo, para entonces la posición de Ortiz Úrculo se encontraba sumamente debilitada, tras haberse enfrentado a los dos máximos organismos de la carrera fiscal, la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, y haber puesto en dificultades a la ministra de Justicia con la fracasada candidatura de Luis Poyatos para ocupar el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

El cesado fiscal general deberá permanecer en funciones por lo menos esta semana, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe ser oído con carácter previo al nombramiento. Según fuentes jurídicas, el CGPJ podría emitir su pronunciamiento el miércoles de la próxima semana, fecha en que su presidente, Javier Delgado, regresa de Argentina. Jesús Cardenal podría ser nombrado en el Consejo de Ministros del viernes día 16.

Ortiz Úrculo regresará después a su plaza de fiscal ante el Tribunal Constitucional para ponerse a las órdenes de su fiscal jefe, José Julián Hernández Guijarro, y del teniente fiscal, Juan José Barrenechea.

El hasta ayer fiscal general llamó a Cardenal para darle la enhorabuena y, según el portavoz de la Fiscalía, ambos mantuvieron una conversación muy amigable", ya que trabajaron juntos en la Audiencia de Bilbao. Úrculo, que permaneció desde últimas horas de la mañana reunido con sus colaboradores, abandonó la Fiscalía del Estado sobre las cinco y media de la tarde, en automóvil y sin hacer declaraciones.

La fiscal María Dolores Márquez de Prado no se encontraba en la Audiencia Nacional cuando se conoció su traslado, motivado por su "acritud y excesos formales" con jueces y tribunales de esa jurisdicción. En declaraciones posteriores, la fiscal dijo que acataba la medida y que estudiaría presentar un recurso cuando le fuera notificada. Márquez de Prado dijo a Efe que recibió la noticia de su traslado forzoso "con serenidad" y con la intención de seguir trabajando, "como siempre", y afirmó que se había enterado de la noticia por los medios de comunicación.

El acuerdo del fiscal del Estado, remitido a Justicia, establecía que esta funcionaria puede concursar a las plazas vacantes de su categoría, salvo las de la Audiencia Nacional. Según fuentes fiscales, el traslado forzoso de Márquez es inmediatamente ejecutivo desde su notificación, momento en el cual la fiscal deberá dejar la Audiencia. Contra la medida de traslado puede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y pedir que, cautelarmente, quede en suspenso la medida.

Según dichas fuentes, parece poco probable que el Supremo acceda a suspender el traslado hasta que se resuelva el fondo del recurso, al no producir la medida un perjuicio real, dado que la fiscal podrá seguir en otra fiscalía del territorio de Madrid. Fuentes fiscales dijeron que no está regulado si la fiscal puede pedir el lugar de destino. Úrculo había anunciado que consultaría con Márquez de Prado el lugar de su preferencia para ser trasladada, pero eso fue cuando no contaba con cesar él mismo.

La jurisdicción más probable a la que podría ser destinada Márquez de Prado sería, según dichas fuentes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, situado a pocos metros de la Audiencia Nacional. En el Tribunal Supremo hay en la actualidad una vacante, pero ésta debe ser provista previo informe del Consejo Fiscal, donde Márquez cuenta con escasas simpatías.

La amenaza de 'los indomables'

El traslado de Márquez de Prado puede poner fin a la crisis de la fiscalía de la Audiencia si algunos de los fiscales indomables cumplen su amenaza de irse de la Audiencia Nacional. Varios fiscales mantenemos que, de procederse al traslado de María Dolores Márquez, todos, en el primer concurso, pediríamos ser trasladados", dijo el fiscal Ignacio Gordillo el pasado 11 de abril. Sus palabras fueron secundadas por Pedro Rubira, en tanto que el teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, prefirió esperar al traslado antes de pronunciarse.

En el momento de conocerse la noticia del traslado de Márquez de Prado tan sólo se encontraba en la Audiencia el fiscal Pedro Rubira, quien a su salida no quiso contestar a los periodistas.

El traslado forzoso de Gordillo fue reclamado unánimemente por el Consejo Fiscal, pero Úrculo se opuso a elevar el mismo al Gobierno, actitud que fue descalificada por la mayoría del Consejo. Pese a ello, Gordillo, sancionado con un mes de suspensión de empleo y sueldo y 50.000 pesetas de multa, advirtió que si Márquez era expulsada pediría un cambio de destino en el primer concurso que saliera.

Fuentes de la Fiscalía del Estado indicaron que las vacantes a proveer en el próximo concurso fueron remitidas el pasado día 30 al Ministerio de Justicia, y deben estar a punto de salir publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

El detonante de la crisis de la Audiencia Nacional fue la depuración política del fiscal jefe José Aranda tras una inspección en la fiscalía. Aranda llevaba dos años soportando la sublevación de cuatro fiscales opuestos a la presentación de la querella contra Mario Conde por el caso Banesto. La investigación dirigida por el inspector jefe, Juan José Martínez Zato, confirmó las insubordinaciones en la fiscalía pero, además, reveló la utilización generalizada de alumnos en prácticas para calificar procesos e insospechadamente, la ocultación por Márquez de Prado de una prueba pericial no aportada a un sumario.

Úrculo descargó toda la responsabilidad sobre Aranda, aunque tuvo que abrir expedientes a los sublevados. La remoción, por primera vez, de un fiscal de Sala, provocó fuertes tensiones con la carrera, incrementadas por la incapacidad de Úrculo de cubrir la vacante de Aranda. A ello se añadió la negativa a aceptar el traslado de Gordillo reclamado unánimemente por el Consejo Fiscal.