A Mayor le parece poco ocho años para los líderes de HB

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró ayer, en relación con la petición del fiscal para los miembros del Mesa Nacional de HB, que tiene la certeza moral de que éstos tendrían que estar en prisión "no ocho años, sino bastantes más", aunque para eso hace falta, precisó, que exista la certeza judicial. "Tenemos que afrontar con normalidad las decisiones de la justicia. HB es simplemente una tapadera de ETA, pero respetaré la voluntad de los tribunales", declaró a Onda Cero.

El ministerio público solicita ocho años de reclusión para la cúpula de HB -23 encausados- por difundir un vídeo de ETA en la última campaña electoral, al entender que esto puede suponer apología del terrorismo.

Uno de los encausados, Jon Idígoras, está prácticamente apartado de la vida política y de la actividad política por problemas de salud, según reveló ayer el portavoz de la coalición, Floren Aoiz, a Euskadi Irratia. "Tiene enormes dificultades para cumplir sus funciones. Por ejemplo, no puede tomar parte en un programa de radio como éste, ya que necesita unos aparatos y está tomando oxígeno cada dos horas. Por desgracia, la aportación que puede hacer a la vida política está muy limitada, y eso ha sido una gran pérdida para HB", aseguró. Idígoras pertenece a la Mesa Nacional de HB desde su fundación y ejercía como portavoz de la coalición abertzale en labores compartidas con Aoiz.

El titular de Interior señaló que, pese a la actual ofensiva terrorista, "lo más importante es que ETA ha vuelto a fracasar en la sociedad vasca", a la vez que "ha descendido muchísimo la violencia callejera porque hay una respuesta judicial y policial". "El comportamiento de los jueces de la Audiencia Nacional en este tipo de delitos", añadió, "está resultando decidido, eficaz, en primera línea de la acción. Se ha demostrado una vez más que también con la violencia callejera lo que hace falta es que se cumpla mejor la ley. Más policía y más actuación judicial". Mayor confirmó que el martes se reunieron responsables de los Gobiernos central y vasco en el domicilio de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, para estudiar reformas legislativas contra la violencia callejera.