El Gobierno prevé retrasar otra semana la decisión sobre el traslado de la fiscal Márquez

El Consejo de Ministros de hoy no prevé en principio abordar la decisión sobre la propuesta de traslado forzoso de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, realizada por el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, según dijo ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, a un grupo de periodistas. Explicó el retraso en el deseo de designar al mismo tiempo al fiscal jefe de dicha Audiencia. Otras fuentes atribuyen al presidente del Gobierno, José María Aznar, la intención de enfriar el asunto. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, aseguró ayer que le "falta un poquito" para concluir su informe sobre el traslado y, en contraste con lo manifestado por las asociaciones de fiscales, defendió la competencia "gubernativa" del Ejecutivo sobre los expedientes de remoción de los fiscales.

Álvarez Cascos aseguró en los pasillos del Congreso que "no hay ninguna previsión en relación con esa decisión que tiene que tomar la ministra de Justicia", y negó haber hablado en los últimos días con Ortiz Úrculo sobre la carta que le envió en tomo a la crisis de la Audiencia Nacional. Aunque oficialmente no quiso hacer declaraciones sobre asuntos ajenos al Gobierno, el vicepresidente indicó que, dado que el próximo miércoles se reúne el Consejo Fiscal, al que corresponde informar sobre la designación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es conveniente esperar hasta el próximo Consejo de Ministros para resolver ambos asuntos el mismo día.Sin confirmar explícitamente este retraso, Mariscal manifestó ayer, poco antes de asistir a un almuerzo, invitada por el Movimiento Europeo, que le "falta un poquito" para terminar el informe. "Depende de lo que me dé de sí el día de hoy [por ayer]", dijo. La ministra tenía previsto participar a las 19 horas en una reunión en la sede del PP, pero finalmente excusó su asistencia, por lo que no descartaba finalizar su informe ayer.La ministra y las asociaciones

La ministra de Justicia se negó a anticipar el contenido de su informe. Sin embargo, preguntada durante el almuerzo por el respeto que merecen al Gobierno las propuestas de sanciones u otras medidas adoptadas por los órganos del Ministerio Fiscal, Mariscal de Gante defendió Ias competencias del Gobierno en materia gubemativa sobre los fiscales". Sobre si es partidaria de la inamovilidad de los fiscales, la ministra aseguró que "mover a un fiscal exige causas disciplinarias o cuasi disciplinarias y, en todo caso, la decisión corresponde al órgano que nombra a ese fiscal" [el Gobierno, en el caso de Márquez de Prado].

En sentido contrario se pronunciaron ayer las asociaciones de fiscales. El portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) consideró que sería "muy negativo" que Mariscal propusiera anular la sanción a Márquez de Prado, ya que iría contra el "prometido respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal". El portavoz de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), Carlos Castresana, evaluó la anulación de la sanción como una nueva desautorización al Consejo Fiscal.

Castresana, en declaraciones a la Cadena SER, aseguró que el Consejo de Ministros no tiene potestad para decidir que no se traslade a Márquez de Prado. Lo explicó así: "Entendemos que sería una resolución no ajustada a derecho. La decisión de trasladar no es potestativa para el Consejo de Ministros. Es una facultad reglada y el Consejo de Ministros está sujeto a la ley, igual que todos los ciudadanos. Hay una serie de causas establecidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en virtud de las cuales, y concurriendo las circunstancias de hecho procede el traslado". Recordó que el Consejo Fiscal fue unánime y que la decisión contraria del Gobierno sería recurrible en vía contencioso-administrativa.