El fiscal solicita ocho años de cárcel para los dirigentes de HB

El fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón ha pedido ocho años de cárcel para los 23 integrantes de la Mesa Nacional de la coalición independentista Herri Batasuna (HB) por la difusión de un vídeo de ETA durante la campaña electoral de marzo de 1996. Según su calificación de los hechos, se trata de un delito de colaboración con banda armada.En el relato elaborado por Luzón se indica que, con vistas a las elecciones generales de ese año, individuos no determinados de ETA se pusieron en contacto con los dirigentes de HB "a fin de aunar esfuerzos en orden a la consecución de los objetivos de aquélla".

Con ese propósito, continúa, se elaboró un vídeo de 20 minutos de duración en el que aparecen dos encapuchados con pistolas y que, en euskera, informan de la llamada "alternativa democrática", que no es otra cosa que un mensaje propagandístico de la banda terrorista en el que se fijan dos condiciones para un supuesto alto el fuego como paso previo a lo que consideran el proceso democrático que debe hacerse en el País Vasco: "la amnistía general e incondicional" para los presos etarras y "la salida [del territorio vasco] de las Fuerzas Armadas españolas".

La Mesa de HB, a través de sus miembros, siempre según el fiscal, se encargó de la propagación y la exhibición de las copias del vídeo contratando y pagando los anuncios insertados en el diario Egin los días 6 y 14 de febrero de 1996 .

Segundo vídeo

Además, la Mesa Nacional preparó una maqueta y copias de un segundo vídeo que remitió a las televisiones públicas para su inserción en los espacios electorales gratuitos que correspondían a la coalición y que ésta cedía a ETA ante la imposibilidad de que esta organización tuviera acceso por sí misma a esa publicidad.

En este segundo vídeo, tres encapuchados, armados también con pistolas y con el anagrama de ETA como fondo, vuelven a referirse a la supuesta propuesta de paz.

El fiscal recoge también los comunicados de la Mesa de HB con motivo de los asesinatos del ex dirigente socialista Fernando Múgica, hermano del ex ministro de Justicia Enrique Múgica, y del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.