Varios ministros dan por hecho que el fiscal general del Estado tiene los días contados
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El Gobierno considera inminente el cese del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo. El interesado lo sabe, e incluso lo desea. Ésta es la versión que ayer transmitieron varios ministros, que consideran la situación insostenible una vez que el fiscal ha decidido librar un pulso con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por la resistencia de ésta a trasladar de la Audiencia Nacional a la fiscal indomable María Dolores Márquez de Prado. . "Ha puesto una excusa para irse", dijo un miembro del Gabinete ante el hecho de que si, no se acepta el traslado Márquez, la situación de Úrculo será insostenible.
Distintos miembros del Gobierno intentaron ayer quitar hierro a la situación, pero reconocieron que se impone una decisión sobre Úrculo y que ésta llegará pronto. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, admitió incluso que en este primer año de Gobierno hay "caras y cruces" sobre la situación de la Fiscalía. Su compañero de Gabinete Rodrigo Rato, ministro de Economía y Hacienda, fue más lejos: "Todo se arreglará en la próxima... [titubeo] semanas" (sic).Al margen de estas declaraciones protocolarias, en el curso de la recepción oficial que ofreció el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, otros miembros del Ejecutivo señalaron que el conflicto debe estar resuelto antes de la celebración del debate del estado de la nación, previsto para la segunda semana de junio. Lo último que desea el Gobierno es llegar a ese acto dejando a la oposición un flanco tan claramente descubierto y por el que PSOE e Izquierda Unida se cuelan permanentemente.Una vez que el fiscal general decidió dirigirse al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, para que tomara cartas en el asunto, su suerte estaba echada. Se trataba nada menos que de obligar al Ejecutivo a elegir entre la ministra de Justicia y el fiscal, quien lejos de plantar cara a los fiscales indomables de la Audiencia Nacional, ha abierto una crisis sin precedentes en esta institución. Puestos a medir el desgaste que puede suponer un cese, el Gabinete de Aznar no tiene dudas de que siempre será menor si el que cae es Úrculo y no Mariscal.La versión que ayer transmitió un miembro del Ejecutivo que pidió no ser identificado es la de que el fiscal quiere irse y está buscando una excusa". De esta manera se va preparando el camino hacia su sustitución, Esta misma fuente indicó que Úrculo no tiene salida posible. Ha plantado cara al Gobierno y ha desoído en buena medida la opinión del Consejo Fiscal, que proponía sanciones contra cuatro fiscales indomables (Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira y Eduardo Fungairiño), incluyendo traslados forzosos para dos de ellos, en tanto que él sólo elevó a la ministra la remoción de Márquez de Prado. Pero ni siquiera aquí le hace caso el Gobierno; es decir, la ministra de Justicia, a la que corresponde llevar la propuesta al Gabinete.La presión tanto de Izquierda Unida como del PSOE para que el fiscal general dimita no va a ceder. El ex ministro del Interior José Barrionuevo aventuraba ayer la opinión de que el presidente del Gobierno, José María Aznar, está a punto de cortar "el hilo del que pende el fiscal". Añadía que el Gobierno "ha humillado" a Úrculo y, en unos días, "le dará la patada". La opinión de que tiene los días contados era compartida también por su compañero de partido Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro de la Presidencia.Preguntas
En el ámbito parlamentario, tanto el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch como quien fuera su secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, forzarán a la ministra la próxima semana a que explique en el Congreso por qué están detenidas las medidas que tienen que ver con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fernández de la Vega preguntará directamente a Mariscal si piensa llevar al Consejo de Ministros la petición de sanción que el Consejo Fiscal decidió (y Úrculo asumió) contra Márquez de Prado. Los motivos para que aún no se haya nombrado el sustituto del defenestrado José Aranda como fiscal jefe de la Audiencia será la pregunta de Belloch.
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