Mercado, mercadillo y chapuzas

La recalificación de suelo en el Parque Empresarial de Las Rozas, llevada a cabo por el actual Gobierno regional, y la venta de suelo público al mejor postor, en el más puro y duro mercado, obliga a una reflexión y valoración de cual sea y deba ser el papel de los poderes públicos en la construcción del territorio, a la vez que hace evidente los diferentes valores y prioridades entre Gobierno de distinto signo político.Con mayor o menor acierto, tanto en los proyectos concretos como en la sincronización con los tiempos económicos, el Gobierno de la Comunidad formuló, en los años 87 al 91, una política territorial concretada en unos pocos pero selectivos documentos estratégicos, referidos a distintas zonas de territorio metropolitano, en la que se apostaba, entre otras cosas, por la difusión de centralidad y la consolidación de nuevos polos de actividad, capaces de reequilibrar la región, integrar a los municipios metropolitanos y descargar la presión sobre la ciudad central, como único lugar de servicios y empleo terciario. Nuevos polos que anunciaban una nueva geografía multimodal y potenciaban las grandes infraestructuras de transporte que estaban consolidándose.El Parque Empresarial de Las Rozas es un ejemplo concreto de la aplicación de estas políticas y su definición como operación es tratégica de interés regional fundamentaba y legitimaba la intervención pública directa, consorciada con el Ayuntamiento, así como la aplicación del sistema de expropiación. El abandono, unido a la descalificación, de este proyecto por los actuales responsables regionales y municipales supone la pérdida de un área de oportunidad cuya finalidad era el reequilibrio del noroeste metropolitano, mediante la implantación de actividades económicas, y la opción del monocultivo de pitufos adosados o bloques vulgares, extendiendo de forma indiscriminada, física y social, la mancha residencial que ahoga Madrid.La recalificación de los suelos aún vacantes del Parque Empresarial no es otra cosa que una chapuza urbanística, nacida de una pérdida de visión estratégica regional unida al afán recaudatorio de las administraciones públicas y el sometimiento a los intereses más inmediatos de propietarios y promotores.

La intervención pública directa en la construcción del territorio está justificada, e incluso demandada, cuando los contenidos, fines y horizontes temporales superan el estricto marco de los intereses locales o sectoriales y viene a corregir y completar la oferta de suelo en lugar, tiempo y precio tasado, difícilmente exigible a la iniciativa privada, con legítimas apetencias de beneficios a corto plazo.

La devaluación y abandono de un proyecto, así concebido, junto a la ruptura de las reglas del juego, arriba señaladas, deslegitima a los poderes públicos y suscita, cuando no aceleran, el menosprecio de los ciudadanos por la acción política.

La recalificación del Parque Empresarial y su gestión inmobiliaria, fundida y confundida con los intereses inmobiliarios privados, supone un engaño y una pérdida de legitimidad política y jurídica, frente a los propietarios que fueron expropiados, frente a los empresarios que vinieron a asentarse (muchos o pocos, pero significativos cualitativamente) y frente a los ciudadanos que eligieron un lugar de residencia en las proximidades de una nueva área de centralidad. No extrañe pues si antiguos propietarios y nuevos usuarios re claman el derecho de reversión o la indemnización por fraude. Quien escribe estas líneas fue impulsor y responsable político de Parque Empresarial, en el marco d una política y estrategia regional que le prestaba coherencia. Frente al urbanismo espontáneo, nacido de la suma de iniciativas disyuntas y acrónicas, se apostaba por una geografía voluntaria capaz de ampliar el mapa de valores y oportunidades en la región metropolitana. ¿Voluntarismo excesivo?

Asumiendo la responsabilidad de errores en la formulación política o en la gestión, así como el cambio de valores y prioridades que una democrática alternancia política conlleva, el desmontaje del Parque Empresarial de Las Rozas constituye un grave error político.

Sinceramente creo, en una reflexión actual, que el proyecto comentado fue una apuesta solvente, en modo alguno ruinosa, y constituía una reserva de suelo público estratégicamente situado, cuya eficacia económica y territorial debía probarse en el medio y largo plazo. Transformar este área de oportunidad, este nuevo foco de centralidad, en un simple polígono para viviendas supone un desarme del Gobierno regional, en su capacidad de intervenir y dirigir el desarrollo metropolitano, complementando y corrigiendo la exclusiva iniciativa privada. Y todo por un no declarado, pero evidente, entreguismo a las demandas más inmediatas y coyunturales de los operadores privados.

Aunque el alcalde de Las Rozas y el consejero regional canten las excelencias de los beneficios públicos que la recalificación comporta, tales beneficios inmediatos, si es que realmente se producen, suponen un empobrecimiento de la futura región metropolitana. Así son las cosas. Nuevas mayorías políticas, nuevos valores, nuevas prioridades. Pero la aceptación de esta realidad no puede obligar al silencio y, menos aún, al sometimiento.