Un linchamiento cada cuatro días

Un grupo de personas atrapa a un supuesto ladrón. Empiezan los gritos, las piedras y las patadas. El ambiente se caldea. Alguien grita: ¡Fuego, fuego! Otro alcanza una lata de gasolina. Otro más la vierte sobre el cuerpo del muchacho. Le apresan entre ruedas para que no pueda escapar. Arrojan una cerilla encendida. El presunto delincuente muere achicharrado, mientras la turba observa extasiada.Se trata de una escena cotidiana en Guatemala, que incluso ha sido filmada en vídeo y que se produce, al menos, una vez cada cuatro días, según un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado. Son los linchamientos, la otra cara de la criminalidad, la plaga que se extiende por el país centroamericano como una paradójica maldición para un pueblo que ha tardado 36 años en firmar la paz.

Las víctimas son supuestos delincuentes. Pero podrían ser conductores culpables de un atropello, o simples inocentes que pasan por allí, como ocurrió el pasado año en el municipio de Momostenango (Quezaltenango), cuando unos cazadores fueron confundidos con unos asaltantes.

La causa inmediata: una delincuencia rampante, aireada constantemente por los medios de comunicación, expresada en multitud de secuestros y bandas que asaltan los caminos. Sólo en los dos primeros meses de 1997 se registraron unos sesenta casos de plagios, como se denominan aquí los secuestros. Otra causa: la angustia de una población que se siente abandonada por el Estado, como si viviera en una película del Far West: sólo existe la justicia del más fuerte.

Autodefensa ciudadana

O por lo menos, eso es lo que airean los que abogan por respuestas expeditivas. Durante los últimos años están creciendo las organizaciones de repulsa, como la conocida con el nombre de Madres Angustiadas, y de autodefensa ciudadana. "El Estado, en estos momentos, está incapacitado para brindarle seguridad a los ciudadanos", afirma Óscar Recinos, presidente de la asociación Guardianes del Vecindario, que desarrolla en la capital un plan para que los habitantes organicen su propia seguridad.

"Los linchamientos, que nosotros no apoyamos, se deben a la impotencia de la población", explica Recinos, cuya organización propugna el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales para "atrapar en 15 días a todos los delincuentes". Pero detrás de la respuesta popular ante un problema real puede esconderse el manejo interesado de los descontentos con el proceso democrático y los acuerdos de paz. No en vano, la seguridad fue el principal argumento electoral del partido liderado, por el ex dictador militar Ríos Montt, que estuvo a punto de ganar las últimas elecciones presidenciales.

"El vacío de poder dejado por el Estado en Guatemala, por otra parte uno de los más débiles del mundo, ha sido llenado por la delincuencia organizada", explica Jorge Mario García, procurador de Derechos Humanos nombrado por el Congreso guatemalteco. "El Estado es incapaz de ofrecer los servicios esenciales a la ciudadanía, por lo que muchos ciudadanos, arbitraria e ilegalmente, se han estado tomando la justicia por su propia mano".

Esta situación explosiva facilita la posibilidad de que miembros de las fuerzas de seguridad, o bajo su amparo, lleven a cabo una campaña de exterminio de presuntos delincuentes, lo que en la jerga latinoamericana se ha hecho célebre bajo el nombre de limpieza social.

Las circunstancias en las que ocurren estos casos hacen muy difícil su verificación, más aún en un país donde cerca del 20% de la población está armada, y donde "la inacción de las instituciones encargadas de la investigación del delito es un común denominador de todas estas muertes", según el informe publicado por la misión de la ONU en Guatemala.