El sargento Miravete será expulsado del Ejército

El Ministerio de Defensa expulsará de las Fuerzas Armadas al sargento Juan Carlos Miravete Duque, que el pasado viernes por la noche mató de un disparo en el pecho al cabo Samuel Ferrer en el destacamento de Candanchú (Huesca), aunque la pena que le impongan los tribunales no lleve aparejada dicha expulsión. El ministro Eduardo Serra está estudiando los mecanismos legales de que dispone para evitar que el sargento autor de la muerte de dos compañeros pueda regresar al servicio activo. La sorprendente posibilidad de que Miravete no quede definitivamente apartado del Ejército por sentencia penal es una hipótesis que preocupa al Ministerio de Defensa.

Del informe que leyó el pasado miércoles en el Congreso el ministro Serra y de las propias declaraciones ante el juez de los soldados que se encontraban presentes se deduce que la pistola se le disparó al sargento "accidentalmente"; es decir, que no existió una voluntad deliberada de matar. Si se confirma esta versión, los hechos podrían ser tipificados como una imprudencia temeraria con resultado de muerte. Ése fue precisamente el delito por el que ya fue condenado en 1985, después de que matase al sargento José Luis González mientras jugaba con su pistola. La pena que se le impuso entonces, un año de prisión, le permitió volver a vestir el uniforme. También se lo permitiría con la legislación vigente ahora, ya que la separación del servicio sólo es automática cuando la condena supera los tres años de cárcel. Además, el hecho de que Miravete se encontrase bajo los efectos del alcohol, podría beneficiarle como atenuante, a pesar de que la embriaguez en acto de servicio constituya una falta grave para los militares.Además del juzgado de instrucción de Jaca también ha abierto diligencias el juzgado togado militar de Zaragoza, por lo que más adelante deberá decidirse a qué jurisdicción, la civil o la militar, corresponde enjuiciar lo ocurrido. En Defensa se ha barajado la posibilidad de que el sargento fuese acusado por el fiscal militar de un delito de maltrato a inferior con resultado de muerte, que el Código Penal castrense sanciona con 15 a 20 años de cárcel. Sin embargo, a la vista de las declaraciones, no parece que su conducta previa a la muerte encaje en tal tipo delictivo, sino más bien en una falta disciplinaria de abuso de autoridad.

En el caso de que los tribunales no decidan la expulsión definitiva del sargento, el ministerio abriría un expediente gubernativo. Se trata de un procedimiento que la ley disciplinaria reserva al ministro en casos de especial gravedad y que puede llegar hasta la pérdida de la condición de militar del afectado. Según la legislación vigente, el expediente gubernativo puede abrirse cuando exista una condena por imprudencia superior a un año -a Miravete le faltó en 1985 un día de cárcel para que pudiera aplicársele-, pero también en supuestos de mal comportamiento reiterado por parte de un militar.

La tarde de la tragedia, el sargento incurrió, como mínimo, en dos faltas disciplinarias graves, abuso de autoridad y encontrarse ebrio en tiempo de servicio, que junto a otras sanciones anteriores por consumo de alcohol serían suficientes para la apertura del expediente.

El comandante Pablo Resa Ancín, que ocupa la Jefatura de la Agrupación de Apoyo y Servicios de la unidad de Jaca, y el teniente Jaime Ruiz Alonso, que ejercía el mando, fueron ayer sancionados con ocho y 14 días de arresto, respectivamente, por el jefe del Estado mayor del Ejército de Tierra, teniente general José Faura, quien "lamenta profundamente" lo ocurrido, según una nota remitida por el Cuartel general del Ejército de Tierra. Estas sanciones se suman al cese del coronel Manuel Lozano, director de la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca.