Un juez y problemas ambientales limitan el crecimiento de Miraflores

La Comunidad de Madrid ha aprobado con retoques el Plan General de Miraflores de la Sierra. Obras Públicas ha impuesto restricciones a su desarrollo ante las advertencias de un juez (contra la construcción de un centro comercial) y de la Consejería de Medio Ambiente. El pueblo no podrá crecer por encima de los 1.200 metros de altura, tendrá que proteger su "colonia histórica" y se queda sin híper.

El Plan General de Miraflores (3.100 habitantes) se ha quedado estancado en varios frentes. La Comunidad ha aparcado la construcción de un centro comercial en el casco urbano y la construcción de 400 viviendas en las zonas más altas del municipio, así como las próximas a la estación de tren. Miraflores quería construir unas 2.000 viviendas en total.La Consejería de Urbanismo argumenta que la construcción de las casas tachadas del plan afectaría a montes públicos de "interés forestal y paisajístico". La situación urbanística del municipio es tan complicada que el consejo de gobierno sólo ha aprobado parcialmente el plan que propuso el Ayuntamiento. Según explicó ayer Pedro Ortiz, director general de Urbanismo, el Ayuntamiento pretendía que el casco creciese entre los montes, lo que llevó a la Consejería de Medio Ambiente a elaborar informes negativos.

El alcalde, José Miguel Loriente, del PP, replicó ayer que la Comunidad "ha cometido un exceso de paternalismo y vigilancia, y no ha tenido en cuenta la mayoría de edad de este pueblo". Loriente calcula que el tijeretazo a sus pretensiones le impedirá construir unas 400 viviendas sociales. "Ahora los vecinos tendrán que adquirir los terrenos en otras partes del municipio y deberán pagar un millón más por piso".

El centro comercial

Pero lo que de verdad preocupa a Loriente es la paralización de un centro comercial en el casco urbano, bajo el que se iban a construir 250 plazas de aparcamiento. Las obras del híper están paralizadas desde enero por orden de un juzgado de Colmenar Viejo, que atendió las peticiones de la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal había denunciado al alcalde porque el centro comercial se levantaba sobre una zona verde.

La Comunidad, que ha recibido este auto, ha decidido suspender la recalificación pretendida por el alcalde, que deseaba que los terrenos dejasen de ser zona verde para convertirse en urbanizables.

Pedro Ortiz no quiso hacer ayer declaraciones al respecto. Sólo recordó que "la zona sigue siendo zona verde y, por tanto, la construcción del centro comercial no es posible".

El fiscal de Medio Ambiente, mientras tanto, acusa al alcalde de prevaricación y pide para él una pena entre seis meses y tres años de prisión. Loriente replica que siempre ha actuado dentro de la ley.