Un acuerdo histórico
Si hace ahora tres años, en medio de una crisis generalizada en lo político y de una profunda convulsión social producida por el afloramiento de reiterados escándalos, alguien hubiera profetizado que sería posible el futuro entendimiento entre empresarios y sindicatos en materia tan sensible como es la legislación laboral, sin duda le habrían tachado de loco o visionario.Y había razones para ello. Después de todo, en 1994 las centrales sindicales fueron a la huelga general por una reforma de la ley mucho menos profunda que la que en 1997 han suscrito voluntariamente.
Además era previsible, por lo menos en apariencia, que UGT y CC OO fuesen mucho más críticos con la política social de un Gobierno de centro-derecha que con la misma política de un Gobierno de izquierdas. Por otra parte, cualquier analista poco avisado podía haber deducido que las organizaciones empresariales elevarían, ante un Gobierno más proclive a las tesis liberales, su propio nivel de exigencia, haciendo con ello menos posible un consenso con los sindicatos.
Y, sin embargo, a la vista está que el acuerdo se ha convertido en un hecho, y que ha primado el sentido de la realidad, el afán de entendimiento y la búsqueda del mayor apoyo político y social posible a la necesaria reforma de las leyes que en nuestro país regulan la contratación y el despido.
Habrá lógicas y legítimas interpretaciones sobre quién ha ganado más y quién menos en este acuerdo. Habrá igualmente quien se pregunte sobre la eficacia de lo firmado en aras del objetivo final de la creación de empleo estable, y habrá, sin duda, quienes pretendan apuntarse la victoria, pero todo esto da lo mismo.
Es la sociedad española la gran vencedora y es el empleo nacional el gran beneficiado. Es el clima de diálogo y entendimiento el que ha prevalecido y son los agentes sociales quienes lo han hecho posible, actuando todos con un designio de servir a los intereses generales de España, como oportunamente nos recordaron las más altas instancias en un momento clave de la negociación.
¿Es ésta la reforma que pretendían los empresarios? No enteramente, si nos atenemos a nuestras propuestas habituales y conocidas. Sí lo es, en cambio, en el sentido de que mejora la legislación anterior, contribuye a promover más empleo indefinido y, seguramente, es mejor que la que hubiera podido hacer la Administración de manera unilateral y con la oposición de toda la izquierda política y social, lo que a su vez hubiera influido en la credibilidad de la reforma y en sus posibilidades de aplicación.
¿Es éste el acuerdo que pretendían los sindicatos? Creo que están en el mismo caso. Sin duda, ha sido duro para las centrales admitir el concepto filosófico de que reducir las indemnizaciones por despido en el contrato indefinido es algo que contribuye a que haya más contratos de ese tipo, cuando su posición tradicional era la contraria.
Creo que igualmente habrá sido difícil para ellos admitir que era necesario clarificar las causas del despido objetivo para ajustarlas más a la competitividad de las empresas y no solamente a una mala situación económica. Para nosotros, ofrecer a los empresarios un marco flexible en materia de despido era algo que, contribuía a que éstos perdieran el miedo a la contratación indefinida y por ello mejoraba las posibilidades de crear empleo estable.
También esta filosofía ha sido aceptada, con una altura de miras y un afán de enmendar tesis ineficaces que es digna de aplauso y reconocimiento.
Por parte de nuestros socios europeos, éstos estaban pendientes de la capacidad de los españoles de poner en línea su marco laboral con el vigente en Europa, con vistas a la unión económica y monetaria. Y han podido comprobar que hemos sido capaces de hacerlo desde el entendimiento, lo que según mis noticias ha producido asombro y satisfacción.
A partir de ahora, la credibilidad de la economía española ha ganado muchos puntos y la inversión extranjera tiene más elementos de juicio, y mucho más positivos, para entrar en España.
Quizá lo más esperanzador de todo este proceso es la respuesta positiva y dialogada que las fuerzas sociales vuelven a dar ante un nuevo desafío planteado a la economía española. En 1977 y 1980, los Pactos de la Moncloa y el Acuerdo Marco Interconfederal fueron el instrumento para afrontar la transición democrática y la entrada en vigor de la Constitución desde el diálogo. En 1984, el Acuerdo Económico y Social sirvió para lo mismo frente al inminente ingreso en la Comunidad Europea. En 1997, los acuerdos suscritos servirán para hacer lo propio ante el ingreso de España en la Unión Económica y Monetaria Europea.
Tengo ya dicho que estos acuerdos no agotan los asúntos que conforman una reforma laboral completa. De hecho, cuestiones como la seguridad social o las prestaciones por desempleo no han sido tratadas, e influyen poderosamente en el marco laboral. La reforma es un proceso vivo que se irá desarrollando a través del tiempo, y para subrayar este factor el mismo acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento y una vigencia temporal de cuatro años. Pero es indudable que ya nos hemos puesto en la dirección correcta y que los próximos años contemplarán una inflexión en la hasta ahora preocupante curva de crecimiento de la tasa de desempleo en España.
