El Gobierno aplaza la Ley de Secretos Oficiales para superar sus desacuerdos
El Gobierno ha decidido tomarse un tiempo, sin plazo prefijado, para aprobar el nuevo proyecto de Ley de Secretos Oficiales. El Ejecutivo dará aún algunas vueltas al proyecto antes de enviarlo al Consejo de Estado para que ofrezca su dictamen debido a las reticencias que le ofrecen sus socios, tanto CiU como el PNV, y ante la necesidad de aclarar su propia posición, una vez conocida la sentencia sobre la desclasificación de los papeles del Cesid.
"Nada es inamovible", aseguran fuentes del Gobierno al referirse al polémico proyecto de ley, cuyo primer borrador fue retirado por el Ejecutivo el pasado otoño ante las duras críticas que recibió por parte de sus socios nacionalistas y desde los medios de comunicación. Entonces se vinculó la elaboración del nuevo proyecto al conocimiento previo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la desclasificación de los papeles del Cesid.Ahora, el Gobierno ha decidido tomarse un tiempo para tratar de conciliar el nuevo proyecto con sus socios nacionalistas. El PNV está en contra de la Ley de Secretos Oficiales porque opina que puede servir para amparar la guerra sucia. En el encuentro que mantuvieron en La Moncloa en Semana Santa, el lehendakari Ardanza y el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, ya adelantaron al presidente Aznar su discrepancia con el proyecto.
CiU discrepa de la parte del nuevo proyecto que cede a los tribunales la decisión de desclasificar los documentos secretos. Los nacionalistas catalanes defienden que sea una comisión mixta, formada por jueces y representantes del Gobierno, quien decida la desclasificación.
Asimismo, el Gobierno también necesita tiempo para poner orden en sus propias filas. La pretensión del vicepresidente Francisco Álvarez Cascos de que sea la Sala, Tercera del Tribunal Supremo quien decida la desclasificación de los documentos secretos no cuenta con la unanimidad del Gobierno.
Una comisión interministerial, integrada por los departamentos de Presidencia, Defensa, Justicia e Interior presidida por el vicepresidente Álvarez Cascos, elabora el nuevo proyecto. Algunos de los aspectos polémicos del primer proyecto de ley, como la fijación de un plazo de 50 años para la desclasificación o las sanciones a los medios de comunicación que publiquen textos secretos, ya han sido resueltos.
