Pujol advierte al PP que el calendario electoral español esta en manos de CiU

Jordi Pujol recordó ayer públicamente que el calendario electoral español, y no sólo el catalán, está en sus manos. "Nosotros [CiU] somos capaces de mover el calendarío electoral en España. Ya lo demostramos en su día [en 1995]. Y ahora podríamos volverlo a hacer si conviniera y si creyéramos que es conveniente para los intereses del país [Cataluña]", respondió Pujol ayer tarde en el Parlamento catalán a varios grupos de la oposición que le habían preguntado críticamente por su aviso de que las elecciones autonómicas podrían ser adelantadas a 1998.

Si días atrás el líder nacionalista dijo que CiU había hecho pasar por el aro al PSOE y luego al PP, ayer hizo ver que está en condiciones de forzar a José María Aznar a disolver las Cortes cuando lo considere oportuno. Pujol negó que él hubiera "especulado" sobre el calendario electoral catalán, y afirmó que su deseo y objetivo es agotar la legislatura de Cataluña, aunque no se comprometió a ello. Agregó que ni él ni José María Aznar pueden decir "con seguridad" que no adelantarán las elecciones. Si alguien lo hiciese, cometería un acto de "hipocresía", dijo.El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos declaró horas después que no ha habido ninguna declaración o insinuación de que CiU vaya a retirar su apoyo parlamentario, y reiteró que la voluntad de Aznar es agotar la legislatura.

En los próximos meses, CiU tensará la cuerda con el Gobierno del PP, aunque sin romperla, cuando ponga encima de la mesa sus reivindicaciones estratégicas sobre el papel de Cataluña en España. La propuesta de CiU al Gobierno y a las fuerzas políticas españolas de negociar un pacto de Estado que suponga el reconocimiento definitivo de que Cataluña es una nación y España un Estado plurinacional sustituirá en la práctica el acuerdo de investidura y gobernabilidad cuando éste se agote. Y servirá de argumento para que, como es previsible, Pujol adelante las elecciones catalanas a 1998 si no hace lo propio José María Aznar con las legislativas.

Pacto de Estado

CiU se propone presentarse a las elecciones autonómicas con el pacto de Estado como bandera y reclamar del electorado la recuperación de la mayoría absoluta que perdió en 1995 para negociar con fuerza en Madrid el "definitivo encaje" de Cataluña en España. Ésta es la estrategia que han empezado a diseñar los dirigentes de la coalición nacionalista y, en particular, Jordi Pujol y Josep Antoni Duran Lleida, que han recuperado el contacto personal que se interrumpió a finales de febrero como consecuencia de la última crisis de la coalición. El último encuentro personal entre ambos se celebró el domingo pasado.En fecha próxima, Unió convocará una Conferencia Nacional con carácter de congreso extraordinario que deberá servir para determinar el proyecto de estructuración del Estado español a partir de las conclusiones y propuestas que está elaborando una comisión interna. En junio serán sus socios de Convergencia quienes reunirán con carácter extraordinario a su Consejo Nacional para traducir en propuestas concretas los contenidos de la ponencia estratégica que aprobó en su último congreso, en noviembre pasado. Estas convocatorias ya estaban previstas por los congresos y son independientes de si el calendario electoral se mueve o no. En fechas aún más cercanas, las cúpulas de CDC y de UDC celebrarán un encuentro para poner en común las estrategias aprobadas en los respectivos congresos y coordinar la elaboración por cada partido de un plan de actuación único.

Los documentos congresuales de Unió y Convergencia coinciden en reclamar un pacto de Estado que implique el reconocimiento a todos los efectos del carácter plurinacional de España y del derecho de Cataluña como nación a mantener una relación bilateral con el Estado. Esto implicaría, entre otras cosas, mayor poder político para Cataluña, una reforma del Senado que tuviera en cuenta la "asimetría nacional del Estado" y un sistema de financiación semejante al vasco.

Unió habla en sus documentos de un "sistema tipo concierto", y Convergéncia de "pacto fiscal", pero quieren decir lo mismo: la Generalitat ingresaría los impuestos recaudados a los catalanes y transferiría una parte al Gobierno central para participar en los costos del mantenimiento del Estado y contribuir a la solidaridad con los territorios económica y socialmente menos desarrollados. Muchas de estas reivindicaciones tienen como horizonte el año 2001, lo cual no es óbice para que se empiecen a negociar antes. Una reivindicación más inmediata es la de los impuestos especiales.

Unió y Convergéncia coinciden también en que los contenidos de ese pacto de Estado deberán incorporarse en el momento oportuno en la Constitución y en el Estatuto para que sean perdurables.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, advirtió el martes que los próximos meses serán decisivos para comprobar si la colaboración entre CiU y el PP sigue siendo posible una vez se haya agotado el contenido del pacto de gobernabilidad. Ayer señaló que los frutos autonómicos de la colaboración con el PP "son positivos" pero "insuficientes", y reiteró que en los próximos meses debe haber una solución "para el reconocimiento de Cataluña en su especificidad nacional". "Vienen horas", agregó, "en que se deberá plantear que no podemos formar parte de un Estado que nos da un trato equivalente a Ceuta y Melilla".

Estabilidad

Los nacionalistas catalanes, de todas formas, no tienen la intención de pasar la línea que ponga en cuestión la estabilidad del Gobierno, si bien una campaña electoral catalana implicará necesariamente un periodo de tensión.A este respecto, Duran declaró ayer que las nuevas reivindicaciones nacionalistas y la estabilidad del Gobierno del PP "son cosas diferentes". "Tenemos", añadió, "un compromiso de estabilidad y somos conscientes de lo que significa la incorporación a la Unión Económica y Monetaria, y lo que han representado los Presupuestos de 1997, y lo que representarán los de 1998, y de que habrá luego un plan de estabilidad. Por tanto, hay motivos para pensar que hay que hacer lo que sea necesario para garantizar la estabilidad política en el Estado".