Capitalismo popular

LAS ÚLTIMAS ofertas de acciones han dejado un poso de decepción entre los inversores individuales. Dos empresas bien distintas, Telefónica y Adolfo Domínguez, han visto cómo la demanda de títulos ha superado la oferta de forma espectacular. Ello ha dado lugar a una asignación final, basada en prorrateos, que se ha saldado con una manifiesta desconfianza en los procedimientos con que tales colocaciones se llevan a cabo. Que los vendedores y las entidades bancarias que han actuado como colocadores de las acciones hayan cubierto ampliamente sus objetivos no es suficiente si se pretende que el ahorro se canalice: en mayor medida que hasta ahora hacia este mercado y si, al igual que ocurre en otras economías más avanzadas, tratamos de hacer de esos mercados mecanismos útiles para fortalecer el capital de las empresas.La favorable respuesta que los ahorradores han dado a esas y anteriores ofertas públicas de ventas (OPV) de acciones se explica, en primer lugar, por la legítima pretensión de encontrar destinos con una mayor remuneración que la, declinante de los activos de renta fija. Hasta ahora, la salud específica y las expectativas de generación de beneficios de las empresas puestas a la venta parece haber importado menos en esas decisiones de inversión que la razonable constatación de que, en ausencia de atractivo de inversiones alternativas, las cotizaciones en el, mercado bursátil han sido al alza. Y así está ocurriendo en casi todos los países industrializados, especialmente en aquellos en los que la menor inflación se ve acompañada de un saneamiento de las finanzas públicas, pues descienden los tipos de interés y la demanda de financiación pública.

En tales circunstancias, el sistema financiero español -sus mercados de capitales en particular- lejos de garantizar eficientemente la satisfacción de esas preferencias, ilustra algunas de sus más importantes limitaciones y lastres históricos. La ausencia de un mercado de acciones suficientemente amplio es una de las explícitas. Poco importa que en los últimos años, desde la promulgación de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, se hayan dado pasos importantes en la dirección de clarificar las prácticas y homologarlas con los más avanzados merca dos del mundo, porque sus fundamentos siguen exhibiendo rasgos propios de un capitalismo atrasado, reticente a modificar unas relaciones entre propiedad y control en la empresa que no permiten una óptima utilización de las potencialidades existentes. El dominio de pequeña dimensión, las reticencias de sus propietarios o grupos de control a someterse al escrutinio de los mercados de valores o el elevado grado de bancarización de la economía siguen actuando como obstáculos importantes para la existencia de un mercado de acciones suficientemente amplio y profundo. Que una mayoría del volumen transaccional del mercado español siga correspondiendo a empresas públicas o sujetas a regulación es de por sí suficientemente significativo.

Aun cuando las circunstancias que han rodeado las últimas OPV hayan sido absolutamente compatibles con la regulación en vigor, es necesario que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ponga a disposición de los ciudadanos información suficiente que contribuya a explicar esas peculiaridades del mercado bursátil español, de las prácticas de las entidades que actúan como colocadores de esas ofertas, de su responsabilidad en la dotación de liquidez suficiente a los títulos y de la adecuación de los procedimientos de asignación. De lo contrario, no sólo se estará haciendo un flaco favor a futuras operaciones, sino que se alimentará ese oscurantismo con el que todavía un buen número de españoles contempla la actividad de los mercados de capitales. Algo poco compatible con esa suerte de capitalismo popular en el que la retórica de este Gobierno parece tardíamente arraigada.