El Gobierno difunde 4 notas contra EL PAÍS por publicar un anteproyecto de la ley de secretos

El Gobierno difundió ayer cuatro comunicados oficiales -dos de Presidencia, uno de Defensa y otro de Justicia- para intentar desmentir una información publicada el lunes pasado por EL PAÍS -sobre el contenido del anteproyecto de ley de secretos de Estado- y otras posteriores sobre la misma cuestión. Según el anteproyecto difundido por este periódico, el control judicial de los secretos de Estado correspondería a un órgano integrado por el presidente y dos magistrados del Supremo. Un posterior anteproyecto publicado el miércoles por otros periódicos señala que tal control corresponderá a la Sala Tercera del Supremo. En sus desmentidos, el Gobierno asegura que no ha habido cambios recientes en el texto legal y que Presidencia, Defensa y Justicia actúan de forma consensuada en este terreno, en contra de lo difundido por este periódico.

El Mundo, que difundió el martes una nueva versión del anteproyecto, aseguró que ese texto había sido "ultimado ayer" (por el lunes, día en que El PAÍS publicó la información mencionada). Sin embargo, uno de los comunicados de ayer de Presidencia denunciaba el "propósito de EL PAÍS de no rectificar la publicación el pasado lunes 24 de una información errónea, no contrastada con las fuentes ni verificada suficientemente y a la que pertinazmente se insiste en dar verosimilitud bajo la nueva y falsa explicación del imaginario e inexistente cambio".En igual tono, la nota calificaba de "falso" que Moncloa hubiera retocado el texto prelegislativo "sin contar con la opinión de Justicia y Defensa", en contra de lo publicado en este diario citando fuentes de ambos departamentos.

La nota de Justicia, en este caso de "aclaración", señalaba que el ministerio "ha participado en la elaboración del borrador de anteproyecto (... ) con los departamentos de Presidencia y Defensa, por lo que no se corresponde con la realidad asegurar que haya habido 'retoque de última hora' alguno". Respecto a la inclusión del pleno de la Sala Tercera del Supremo (que Justicia atribuía el día anterior a "una decisión de Moncloa, de Presidencia"), la nota afirma que "se corresponde con trabajos que están desarrollando en las últimas semanas los mencionados ministerios, según el acuerdo del pasado 19 de febrero".

También la nota de Defensa refiere a esa fecha, pero sin coherencia con la de Justicia. En aquélla se habla de trabajos de las "últimas semanas", mientras que en ésta se dice que la decisión de encargar a la Sala Tercera del Supremo el control judicial, en lugar de a una comisión de tres jueces, fue adoptado por unanimidad el miércoles 19 de febrero, en una reunión en Moncloa", con participación de los tres departamentos. Añade que Ias modificaciones en el borrador inicial, sin discrepancias de fondo entre los participantes, se realizaron, en gran parte, a la luz del informe del CGPJ".

El 19 de febrero

Una última nota de Presidencia, de la Secretaría de Estado de Comunicación, titulada Tres Ministerios desmienten una información de EL PAÍS, insiste en que el borrador "fue adoptado por unanimidad el pasado 19 de febrero", de donde deduce que, "no responde a la realidad la información publicada hoy [por ayer] por EL PAÍS" sobre retoques o texto "ultimado" (expresión de El Mundo, no de EL PAÍS).La nota de la Secretaría de Estado de Comunicación, en su último párrafo asegura que las modificaciones al borrador (no admite el término "retoques", pero sí el de "modificaciones") "se realizaron de mutuo acuerdo entre los tres ministerios y para ellas se tuvo en cuenta el informe realizado en su día por el CGPJ". Tal informe es de 6 de noviembre de 1996 y después no existe ninguno del CGPJ.

Ninguno de los comunicados insiste, a diferencia de las informaciones del martes procedentes de Moncloa, sobre que las modificaciones en el control judicial respondan al contenido del informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley de agosto de 1996. En ninguno de los 29 folios de tal informe se menciona a la Sala Tercera.

El informe señala que para levantar el secreto de Estado si lo reclama un juez, "el anteproyecto [de ley] habrá de arbitrar un cauce procesal específico ante el Tribunal Supremo".

De pensar el CGPJ en que el control judicial lo ejerciera la Sala Tercera del Supremo (que decidió en el caso de los papeles del Cesid por haber un vacío legal), lo ha bría dicho así. El CGPJ manifiesta expresamente que no le corresponde "pronunciarse sobre tales extremos". Pero sí apunta a un órgano más reducido que un pleno con 33 magistrados cuando exige que el órgano judicial y el cauce procesal que se establezca "garantice la efectividad del secreto".

Por otra parte, el pasado domingo, antes de que EL PAÍS publicase el anteproyecto de ley, el portavoz del Grupo Catalán, Joaquín Molins, admitió en declaraciones a Radio Nacional la necesidad de reformar la legislación sobre secretos de Estado, y aludió a la posibilidad de que una comisión restringida de tres jueces del Supremo resolviera los conflictos.