El PP expulsa a los sindicatos del órgano creado para evitar la fuga de empresas de la capital

Ignacio del Río, concejal de Urbanismo, del PP, fue claro ayer en el pleno a la hora de precisar quién no negociará con las empresas que, al amparo de las recalificaciones de terreno que ofrece el Plan General, quieran abandonar la capital. "Cada uno en su papel, y a los sindicatos éste no les corresponde" dijo Del Río. En enero, el edil había prometido formar una comisión, con UGT y CC OO, encargada de dar luz verde a los empresarios que deseen vender sus terrenos e irse de Madrid. Los sindicatos, en respuesta, anunciaron movilizaciones y paros.

El Plan General recalifica el suelo de 2.265 industrias en las que trabajan 46.300 personas Los sindicatos temen que los empresarios decidan vender sus terrenos a las inmobiliarias y que emigren "a otra localidad a otra región o al Inem directamente", según dijo Rodolfo Benito, secretario regional de CC OO en Madrid.En el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid -y ratificado ayer por el pleno con los votos en contra de la oposición- se prevé un "grupo de trabajo" integrado por el consejero de Economía, Luis Blázquez, dos miembros de esta consejería, y por Del Río y dos funcionarios municipales del área de Urbanismo.

Tanto el convenio mismo como la exclusión de él de los sindicatos indignaron a la oposición. "El equipo de gobierno nos ha metido de matute un convenio que demuestra que se ha bajado los pantalones ante los empresarios", dijo Juan Barranco, portavoz del PSOE. "Señor Del Río, usted ha engañado a los sindicatos, y el convenio que presenta aquí es una pura farsa. Además, ahora intentan evitar con un acuerdo lo que han provocado con su Plan General", remachó el concejal socialista José María de la Riva.

El objetivo sindical era impedir desde la comisión que especularan con el suelo aquellas empresas que se mudaran fuera del término municipal.

"Nunca prometí que los sindicatos fueran a formar parte de una comisión vinculante ¿Cómo vamos a prohibir que una empresa, si quiere, se vaya? Pero vamos a hacer todo lo posible para que los empleos se queden aquí", contestó del Río

De la Riva replicó: "Pues no sé cómo, sinceramente. Dijeron una cosa y luego llegaron los empresarios y les obligaron a cambiarla. A ver cómo evitan ustedes que se vayan las empresas, porque el convenio parece sacado de Misión imposible". Los empresarios ya advirtieron en enero que no querían entrar en esa comisión.

El concejal de Urbanismo concluyó: "Yo no me desdigo ahora. Y mis puertas siempre estarán abiertas a los sindicatos, a los que pienso seguir informando".

Mercados privatizados

Antes de que empezara el pleno, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, anunció en los pasillos un tema que también se aventura polémico, aunque aún no se ha decidido: la privatización de los mercados municipales. Actualmente, los tenderos de estos mercados son concesionarios del Ayuntamiento. "Estamos estudiando que estos concesionarios puedan convertirse en propietarios. Será de carácter voluntario", dijo el alcalde.Media hora después, los concejales se enfrascaron en otro asunto: la liberalización del mercado mortuorio. Hasta ahora, sólo existe una empresa de este tipo en Madrid: la Empresa Mixta Funeraria, de la que el Ayuntamiento dispone el 51 % del capital. La nueva ordenanza estipula que para crear una empresa de pompas fúnebres es necesario contar con al menos 10 coches, dos furgones y con un número de ataúdes "necesario". "Es una ordenanza que tiene decoro y respeto", dijo Simón Viñals, concejal de Salud."Ni decoro ni respeto", replicó Marisa Castro, de IU, que dibujó después un panorama tétrico: "Habrá entierros de primera, de segunda y de tercera, la más brutal diferencia de clases en la muerte. La gente irá como limosneros a los hospitales", añadió la concejal.

Leandro Crespo, representante del PSOE, cargó también contra la ordenanza: "La Empresa Mixta Funeraria funciona ahora bien. ¡No jueguen con el dolor! ¡No aprueben esto y que la gente vea que tienen sentimientos!".

Viñals concluyó: "Los decretos de ley, y esta ordenanza es fruto de uno, pueden gustar o no, pero hay que acatarlos, y hemos hecho una cosa digna".

Finalmente, la ordenanza se aprobó con los votos contrarios de IU y PSOE.