¿Qué justicia quieren el PP y la derecha judicial?

Frente a cuestiones esenciales que tiene pendientes este país, algunas personas o colectivos de la vida pública tienen la costumbre de lanzar un mensaje político de reforma, lo bastante etéreo como para salir del paso a falta de propuestas concretas, y lo bastante peligroso como para generar en los ciudadanos expectativas, que en definitiva no se cumplen. No es buena cosa que algo tan importante como la política se construya con el material del que están formados los sueños. En particular ¿qué se quiere decir cuando se habla de reformar la justicia, si es que se quiere decir algo?Por tanto, la única concreción explícita de la propuesta tiene que ver con la finalidad de cambiar el modo de elección del Consejo del Poder Judicial. Desde los sectores conservadores de la política -ahora en el Gobierno- y de la judicatura se aboga sin pausa aunque sin prisa, ya que al actual CGPJ le restan más de cuatro años de mandato, por que la composición mayoritaria de tal órgano sea determinada por la elección de los propios jueces. Creo que se trata de un retroceso en valores que vertebran el sistema democrático de convivencia, en la medida en que tal propuesta, de ser realizada, inhibiría la representación -siquiera directa- de la pluralidad social en el Consejo, limitaría las posibilidades de control del poder de tal institución, y en último extremo conduciría un sistema judicial hermético y autogobernado. Sin embargo, tienen razón los que advierten (advertirnos) del peligro de asalto partitocrático al Consejo, cuya primera misión político-constitucional es la de preservar su propia soberanía. Se trata de un aspecto concreto de un problema general, presente por desgracia en todos los sistemas democráticos, al abandono por los partidos de su espacio teórico de intermediación. Pero los que ahora están en el poder, so pretexto de evitar la partitocracia, no plantean otra cosa que reforzar, empeorándola, la misma conclusión. Que unos pocos, los jueces, deciden en exclusiva sobre el poder que afecta a todos los ciudadanos. Ni pensar siquiera en otro cauce democrático, como, por ejemplo y por ahora es tan sólo una sugerencia problemática), que los ciudadanos elijan directamente parte del CGPL En cualquier caso, cuando desde esos sectores se habla de reforma de la justicia, me temo que la gran cuestión oculta tiene que ver, exclusivamente, con lo apuntado. Con el poder desde la perspectiva e intereses de los que pueden tenerlo. ¿Qué tal si empezamos a hablar de los que pueden padecerlo?

Creo que desde puntos de vista políticamente serios, el verbo reformar tiene que ser traducido en otro sentido, el de mejorar la calidad de la administración de justicia en relación a una categoría de fondo, sin cuya interiorización ni siquiera se puede empezar a hablar del asunto. Me refiero al concepto servicio público, tan ingrato para el corporativismo. El mismo se proyecta sobre todo el aparato de la administración de justicia, que no puede ser globalmente analizado en estas líneas, por limitaciones obvias. Sí cabe hacerlo, en parte, tomando de referencia el sistema judicial. Los jueces, con su status constitucional de independencia son, además de titulares de un poder del Estado, y por ello, servidores públicos. Tienen la misión de dar respuesta a la conflictividad que genera una minada de relaciones personales y colectivas. Están obligados a hacerlo aplicando en concreto leyes que protegen, en abstracto, firmes valores que la tradición ilustrada ha destilado a lo largo del tiempo y a través de procedimientos donde los implicados pueden estar razonable mente seguros de que se respetan las garantías constitucionales. Así tienen que ser las cosas. Pero el cumplimiento de esas condiciones no servirá de mucho si a la respuesta no se le suma eficacia, con todo lo que ello significa. Por resumir la idea, un pleito que dure 20 años contiene cualquier cosa menos justicia. De modo que el servicio público tiene que comprender los dos aspectos. En el periodo democrático hemos desarrollado, al nivel de cualquiera de los países de nuestro entorno, los derechos, las libertades y sus garantías, pero está pendiente la cuestión de la eficacia, sobre la que existe una preocupación no muy ponderada.

En estos momentos, el Consejo del Poder Judicial está empezando a elaborar un denominado Libro blanco, a partir de varias consultas con diversas instituciones judiciales y sociales, que contendrá un diagnóstico sobre la situación de la justicia, lo que es una buena idea, aunque conviene insistir en que la iniciativa, el desarrollo y las conclusiones del estudio se hacen por el CGPJ, supliendo en buena medida la incapacidad de análisis y la carencia de oferta al respecto del Ministerio de Justicia. Si el trabajo se hace bien, podrá servir de punto de partida para precisar las reformas, sistematizarlas y pedir a los diversos poderes del Estado y de las comunidades, cada uno dentro de sus competencias, que actúen en los sentidos convenientes. De todas formas, intuyo que, en general, las reformas tendrán que pivotar sobre dos cuestiones íntimamente relacionadas para el fin de mejorar el servicio público. De un lado la reasignación de recursos por la vía de cambiar buena parte de la legislación procesal, cuyas normas actuales hacen demasiado caro y lento para todos el servicio, cuando no inaccesible. En el otro, el capital problema de la gestión y la productividad: tenemos recursos escasos y hay que optimizarlos.

En el mundo en que vivimos se empiezan a definir dos grandes polarizaciones político-ideológicas. Frente a la emergencia de un poder financiero de nivel global, básicamente especulador, inestable y con gran capacidad para hacer tambalear las estructuras de la convivencia, y de cierto poder de la información que le sirve de cayo, algunos hablan de liberar al' mercado la decisión de los conflictos. Otros creen en la necesidad de mantener elementales instancias públicas de control. de todo ese poder- como único medio de preservar una cierta igualdad sin la que las libertades no son posibles. Si se admite esta apresurada división ¿a quién podría interesarle que la justicia, uno de los controles, no funcione... eficazmente?

José Antonio Alonsoes magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia.