La deliberación de la Sala Tercera, que seguirá hoy, se decanta a favor de desclasificar los 'papeles del Cesid'

La deliberación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, iniciada el miércoles, sobre los tres recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo del Gobierno de no entregar una veintena de documentos del Cesid a los tres jueces que los reclamaron para investigar la guerra sucia contra ETA, consumió ayer más de siete horas y media y proseguirá hoy. Fuentes de la sala destacaron la calidad jurídica de la discusión que, a Juzgar por las intervenciones producidas -"que no hay que confundir con los votos", precisaron-, se decanta hacia la desclasificación de los documentos.Hasta el momento, el debate de los 33 magistrados ofrece, según estas fuentes, aspectos de gran tecnicismo y profundidad jurídica. La doctrina del administrativista Eduardo García de Enterría, en favor de la revisión jurisdiccional de los actos del Ejecutivo, ha sido intensamente utilizada para defender la desclasificación. En cambio, de la mano de las tesis del constitucionalista Francisco Rubio Llorente, entre otros, sobre la competencia del Gobierno para definir la seguridad del Estado, un grupo de magistrados insistió en la corrección del acuerdo de no desclasificar.

Atención a Peces-Morate

Entre las intervenciones seguidas con más atención por el pleno de la sala tercera figura la de Jesús Ernesto Peces-Morate. Magistrado llegado a la jurisdicción contencioso-administrativa procedente de la justicia penal, mantuvo la tesis de que la investigación penal no puede ser limitada por el Gobierno. Otros magistrados, en la misma línea, criticaron la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que el 14 de diciembre de 1995 dio la razón al ministro de Defensa frente a la petición del juez Baltasar Garzón de determinados documentos del Cesid.Uno de los autores de aquella sentencia, el entonces presidente del Tribunal Supremo Pascual Sala, aunque partidario de la posibilidad de impugnar en vía contencioso-administrativa los actos del Ejecutivo, ha defendido -junto con otros magistrados especializados en dicha Jurisdicción- la competencia del Gobierno para mantener clasificados los documentos del Cesid incluso frente a los jueces penales que los reclaman.

Ante las dificultades de que prosperen estas últimas tesis, en el seno de la sala se ha iniciado una tercera vía, a la que se refirió ayer el ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, preocupado por el precedente que pueda significar la desclasificación en este caso. Tal vía trata de hacer compatibles las necesidades de la investigación« judicial penal "con las de la comunidad de inteligencia mundial", según Belloch, quien aseguró ayer en Los desayunos de Radio Nacional que, "porque un juez, sin más, lo pida, no parece razonable que se desclasifiquen secretos de Estado".