Las querellas pueden paralizar la investigación sobre el "caso Zamora"

Fuentes jurídicas de Zamora consideran que el PP está aplicando una estrategia legal que podría tener como objetivo acabar con la investigación del fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, encargado del caso Zamora, en su actual línea de hallar pruebas que confirmen la financiación ilegal del partido basándose en la denuncia presentada por el presidente de la Diputación de la ciudad, Antolín Martín, y del empresario Eduardo Corrales, ambos suspendidos de militancia en el PP.El fiscal jefe zamorano reconoció ayer que en una posible querella por injurias y calumnias contra ambos denunciantes basada en los mismos hechos, o incluso con objetivos contrarios, "si el juez considera que necesita recabar datos para saber si las imputaciones son verdad o no, puede reclamar la investigación y, por tanto, incorporarla al procedimiento que él tramite". En ese caso, Caballero precisó que la actuación judicial "suspendería esta investigación", iniciada de oficio.

La presentación de las anunciadas querellas -nueve en total- contra Corrales, y las que afecten a Antolín Martín, dependerá de la resolución de los actos de conciliación que se han solicitado para cumplir "escrupulosamente" con el procedimiento legal, según el letrado del PP Ramón Hernández. Para hoy están convocados dos de ellos, uno solicitado por el PP y otro por Luis Cid, ex presidente de la Diputación de Zamora y parlamentario regional del PP, uno de los presuntos implicados en la financiación ilegal del partido.

Por otro lado, Caballero dijo que "el protagonismo de la investigación [en el caso Zamora] lo va a llevar ahora la Fiscalía Anticorrupción y no la Fiscalía de Zamora". El comentario lo hizo después de conocerse que el Fiscal General del Estado, Juan Ortiz Úrculo, con quien Caballero se entrevistó el martes para pedir apoyo, ha decidido la intervención en el caso de la citada Fiscalía, pero a modo de tutela o asesoramiento al ministerio público zamorano. Fuentes jurídicas estiman que esta propuesta es profesionalmente inaceptable para el fiscal jefe y que con toda probabilidad éste así lo planteará a sus superiores.